El ministro de Defensa indicó que ese fallo pone en entredicho la acción de los militares y no la responsabilidad directa de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Bogotá. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, calificó como "dolorosa" la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado colombiano, por un bombardeo perpetrado por la Fuerza Aérea contra un caserío rural en 1998, que dejó 17 civiles muertos -entre ellos seis niños- y 27 heridos.
El ministro indicó que aunque el gobierno respeta la decisión del órgano judicial de la Organización de Estados Americanos (OEA), ese fallo pone en entredicho la acción de los militares y no la responsabilidad directa de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
"No hay duda que llama mucho la atención que mientras en Colombia hay condenas directas a las FARC por haber participado en esa situación, se quiera poner en entredicho la acción del Estado colombiano", dijo.
Pinzón agregó que esta resolución de la CIDH pone en entredicho las acciones de la fuerza pública "que ha trabajado por la seguridad de esa región del país".
Señaló además que un equipo jurídico del gobierno estudiará los alcances de la condena de la CIDH, cuya sede se ubica en la capital de Costa Rica, San José.
La defensa de los militares procesados por el bombardeo ha argumentado que las FARC son las responsables de la explosión y que esa guerrilla trasladó restos de bombas militares al caserío para responsabilizar a la fuerza aérea de las muertes.
La CIDH difundió este miércoles su sentencia emitida el 30 de noviembre pasado, en la que condena al Estado colombiano por la muerte de 17 civiles, entre ellos seis niños, y 27 heridos en el bombardeo perpetrado por la Fuerza Aérea en un caserío de campesinos ubicado en el departamento de Arauca (noreste) en diciembre de 1998.
En su fallo la CIDH declaró por unanimidad que la República de Colombia "es internacionalmente responsable por las violaciones a derechos humanos cometidas en perjuicio de 17 víctimas que murieron, de las cuales seis eran niñas y niños, y de 27 víctimas que fueron heridas, de las cuales 10 eran niñas y niños".
La resolución señaló que se logró comprobar que se trató del lanzamiento desde un helicóptero de un dispositivo "Cluster", compuesto por seis bombas de fragmentación por parte de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) el 13 de diciembre de 1998.
La FAC refirió en ese entonces que la explosión se debió a una bomba que guerrilleros de las FARC habían abandonado en el caserío de Santo Domingo (Arauca) después de un combate con los militares.
La CIDH comprobó que no era cierta la versión oficial colombiana y ordenó al Estado sudamericano realizar "un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos", el cual debe cumplirse en los próximos seis meses y debe ser trasmitido por medios radiales y televisivos en todo Colombia.
Además dar un tratamiento integral en salud a las víctimas y otorgar en el plazo de un año las indemnizaciones y compensaciones pertinentes por concepto de daños materiales e inmateriales, a favor de las víctimas y familiares que no las hayan recibido.
Además de las muertes por el bombardeo, los jueces del CIDH consideraron que "hubo actos de ametrallamiento por parte de los militares contra la población civil" y se violó el derecho a las medidas de protección especiales que, según los convenios internacionales, tenían los menores fallecidos en los hechos.
El piloto y el copiloto del helicóptero ya fueron condenados a 30 años de prisión por el Tribunal Superior de Bogotá, y su caso está en apelación ante la Corte Suprema de Justicia.
"Los daños producidos por el lanzamiento de una bomba de racimo son imputables a la Fuerza Aérea y por tanto el Estado es responsable", subrayó el fallo.
