El presidente Santos dijo que se pagarán recompensas de 2,5 millones de pesos (unos US$1.388) por las personas que estén amenazando a las víctimas del conflicto para que éstas no reciban las tierras que les expropiaron los alzados en armas en años anteriores.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció este sábado que se ofrecerá recompensas por las personas que afecten ilegalmente el proceso de restitución de tierras, promovido por el gobierno y con el cual se pretende reparar a las víctimas del conflicto armado interno.

Santos dijo que se pagarán recompensas de 2,5 millones de pesos (unos US$1.388) por las personas que estén amenazando a las víctimas del conflicto para que éstas no reciban las tierras que les expropiaron los alzados en armas en años anteriores.

"Nosotros no vamos a permitir, por ningún motivo, que este proceso de Restitución de Tierras sea saboteado por ninguna persona. Mucho menos por quienes pretenden quedarse con las tierras que obtuvieron en forma ilegal", afirmó el jefe de Estado.

Santos hizo estas declaraciones durante su tradicional Acuerdo para la Prosperidad realizado en la ciudad de Medellín (noroeste).

La víspera, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, anunció que se entablarán procesos judiciales, en el marco de una ley para recuperar unas seis millones de hectáreas de tierra que fueron "robadas" por grupos alzados en armas en años anteriores a campesinos en diferentes regiones del país.

Restrepo recordó que en la víspera se inició un proceso judicial para recuperar una hacienda que está ubicada en una zona rural de la ciudad de Montería (norte) y que perteneció a dos paramilitares fallecidos: los hermanos Carlos y Fidel Castaño.

La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, una iniciativa gubernamental aprobada por el Congreso en 2011 y que entró en vigencia a principios de 2012, pretende resarcir moral y económicamente a las víctimas del conflicto armado interno.

El presidente de Colombia reconoció en agosto pasado que ha habido retrasos en la implementación de la llamada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, especialmente, en lo que se refiere a la devolución de entre dos y seis millones de hectáreas robadas a campesinos por elementos armados irregulares.