El convenio de justicia establece que los integrantes de las FARC y los de las Fuerzas Militares que acepten su responsabilidad en delitos cometidos durante la guerra y confiesen la verdad, recibirán una sanción de entre cinco y ocho años de restricción efectiva de libertad, pero no cárcel.
La Habana. El gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) acordaron este viernes un mecanismo para elegir a los 24 magistrados que integrarán el tribunal encargado de aplicar el acuerdo bilateral de justicia, como parte del proceso de paz.
Los trámites deberán concluir lo más pronto posible, después de la entrada en vigor del acuerdo final, según un comunicado difundido en La Habana por Cuba y Noruega, países garantes del proceso de paz para la nación sudamericana.
El texto explica que las partes contendientes decidieron proponer al Papa Francisco; al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, entre otros, para escoger a una persona y conformar el mecanismo de selección del tribunal.
El convenio de justicia establece que los integrantes de las FARC y los de las Fuerzas Militares que acepten su responsabilidad en delitos cometidos durante la guerra y confiesen la verdad, recibirán una sanción de entre cinco y ocho años de restricción efectiva de libertad, pero no cárcel.
El documento pactado puntualiza que quienes no acepten los crímenes imputados y sean hallados culpables recibirán sanciones de hasta 20 años de prisión.
El acuerdo también beneficiará a empresarios, hacendados, ganaderos y otros civiles que por presión o en forma voluntaria hayan apoyado económicamente o de alguna otra forma a la guerrilla o a los escuadrones paramilitares de ultraderecha, siempre y cuando lo admitan ante el tribunal de paz.
Los combatientes de la guerrilla que no sean responsables de delitos de lesa humanidad ni de crímenes de guerra como asesinatos, masacres, secuestros, desaparición forzada y abuso sexual serán beneficiados por una amnistía, añade el comunicado.
El acuerdo de paz entre Bogotá -que deberá ser refrendado en un plebiscito en Colombia- y la insurgencia busca poner fin a un conflicto armado que en más de medio siglo de duración ha dejado cerca de un cuarto de millón de muertos y millones de desplazados.
