El director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Diego Molano, insistió en que el Gobierno de Iván Duque no negociará sobre demandas que son imposibles de cumplir e inconstitucionales, horas antes de nuevas movilizaciones y marchas.

Bogotá. El Gobierno de Colombia está dispuesto a discutir los problemas del país con los líderes de las protestas contra las políticas del presidente Iván Duque para encontrar soluciones, pero no negociará sobre demandas que son imposibles de cumplir e inconstitucionales, dijo un funcionario gubernamental.

El director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Diego Molano, hizo la advertencia horas antes de que sindicatos y organizaciones de estudiantes reanuden este martes las movilizaciones y marchas contra las políticas económicas y sociales del gobierno.

Los líderes de las protestas, que comenzaron el 21 de noviembre, presentaron inicialmente 13 demandas con un amplio abanico de temas económicos y sociales, así como acciones para frenar los asesinatos de activistas sociales, la implementación del acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC y la disolución de un escuadrón antidisturbios de la policía.

Pero a mediados de diciembre, antes de que comenzara una pausa de las protestas por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, ampliaron sus demandas a 104 puntos, que "hablan de lo divino y lo humano", y que involucran temas económicos, fiscales, de comercio y de ambiente, según Molano.

"Se ha encontrado que algunas de las solicitudes, un número importante, son inconstitucionales y no corresponden a funciones del ejecutivo, otras no están en la agenda del gobierno porque pertenecen a nuevo modelo político, económico y corresponden más a unos cambios estructurales, de fondo del gobierno, del Estado colombiano o son inviables fiscalmente", dijo Molano en una entrevista telefónica con Reuters el lunes en la noche.

El funcionario, encargado por Duque como coordinador de una conversación nacional para escuchar las demandas de diferentes sectores, reveló que la exigencia para que la petrolera Ecopetrol sea propiedad exclusiva del Estado y se excluyan accionistas privados costaría US$4.517 millones.

Diferencias de lenguaje. Mientras los sindicatos y otras organizaciones reclaman una negociación, el gobierno plantea una conversación que incluya a otros sectores como los empresarios, los gremios de producción y a quienes no hacen parte de las protestas.

"El Gobierno del presidente Duque tiene toda la voluntad de seguir conversando, avanzar en una conversación que nos permita pasar a propuestas, a colaborar y solucionar los problemas", aseguró el funcionario gubernamental. "Lo importante es resolver los problemas, llegar a unos acuerdos sociales".

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Diógenes Orjuela, uno de los líderes de las movilizaciones, anunció la semana pasada que las protestas se reactivarán con mayor intensidad en 2020 por la negativa del gobierno a iniciar una negociación con las organizaciones sociales.

Aunque la mayoría de las protestas fueron pacíficas en 2019, algunas terminaron con disturbios, saqueos a comercios y ataques de encapuchados contra estaciones de transporte público y autobuses, que llevaron al Gobierno a decretar toque de queda en las ciudades de Bogotá y de Cali.

Cinco personas murieron en las protestas, que siguieron a manifestaciones en otros países de América Latina como Ecuador, Bolivia y Chile.

Pese a las posiciones distantes con los sindicatos y otras organizaciones, Molano dijo que el gobierno está dispuesto a reunirse, a dialogar y a buscar acuerdos incluyendo a sectores que no están representados en el Comité Nacional de Paro.

"La propuesta que nosotros hemos planteado es una mesa en donde podamos discutir los temas, entender cuáles son las realidades, cuáles son las dimensiones de que definitivamente el Gobierno no puede entrar a hacerlo porque no va a negociar el Estado, pero aquellos puntos donde podamos encontrar acuerdos, busquemos un acuerdo concreto", concluyó.