El juez Martin Feldman dictaminó el mes pasado que el Departamento del Interior no tomó en cuenta el impacto económico que significa la suspensión a otras perforaciones a más de 152,5 metros que el país impuso para prevenir otros derrames como el de BP.

Washington. Los abogados del gobierno de Estados Unidos se presentan el jueves ante una corte con un sólo objetivo: reinstaurar la moratoria a la perforación petrolera en aguas profundas que se estableció tras el derrame de BP en el Golfo de México pero fue bloqueada por un juez.

La crucial batalla comenzará a las 15:00 hora local (20:00 GMT) en la corte de apelaciones del quinto circuito en Nueva Orleans, donde los abogados del gobierno expondrán sus argumentos durante una hora contra compañías de perforación frente a un panel de tres jueces.

El gobierno de Barack Obama dijo que impuso la suspensión a la perforación a más de 152,5 metros para evitar otro accidente como el del pozo petrolero de BP que se averió en el Golfo de México y ha contaminado las playas de cada estado de la costa estadounidense del golfo.

Pero perforadoras como Hornbeck Offshore Services Inc. respiraron aliviadas cuando el juez de distrito Martin Feldman dijo que la moratoria era demasiado amplia y arbitraria.

Feldman dictaminó el mes pasado que el Departamento del Interior no tomó en cuenta de manera adecuada el impacto económico que la suspensión tendría en la industria y en las comunidades locales.

El Departamento de Justicia, que presentó la apelación, argumentará que Feldman sustituyó equivocadamente con su juicio la opinión de expertos del Departamento del Interior, y que la moratoria era restringida debido a que sólo afecta la perforación en 33 sitios. Por consiguiente, pedirá que la aplicación de su fallo sea aplazada.

La corte de apelaciones podría decidir rápidamente luego de una inusual exposición oral sobre la solicitud de aplazamiento. Las compañías de perforación quieren volver a trabajar, mientras que el gobierno quiere fijar una protección contra otro derrame.

Adicionalmente, el estado de Luisiana intervino en el caso diciendo a la corte que la industria de perforación provee unos US$3.000 millones a su economía, que finalmente se estaba recuperando luego del devastador paso del huracán Katrina en el 2005.