La demanda es parte de un enfoque mayor de Barack Obama para lidiar con los 10,8 millones de inmigrantes ilegales que se cree se encuentran en el país.

Washington. El Gobierno del presidente estadounidense, Barack Obama, demandará este martes al estado de Arizona por su nueva y estricta ley de inmigración, dijeron dos funcionarios gubernamentales familiarizados con los planes.

La polémica ley, que comenzará a regir el 29 de julio, le exige a los policías estatales y locales investigar el estado inmigratorio de cualquier persona que sospechen se encuentra ilegalmente en el país, lo que ha llevado a los críticos a decir que la medida es inconstitucional.

La ley de Arizona, un estado controlado por republicanos, fue aprobada para intentar frenar el afluente de miles de inmigrantes ilegales que cruzan su frontera desde México cada mes, y contrarrestar el tráfico de drogas y otros delitos en la zona.

La demanda es parte de un enfoque mayor de Obama para lidiar con los 10,8 millones de inmigrantes ilegales que se cree se encuentran en el país. La semana pasada, el mandatario exhortó a los republicanos a trabajar con él en una ley para detener el número de cruces ilegales a Estados Unidos.

La disputa legal también se produce en un momento crucial, cuatro meses antes de las elecciones parlamentarias de medio mandato en la que la comunidad hispana es un gran bloque electoral que suele votar por los demócratas, y a quienes los republicanos han intentado cortejar.

Los funcionarios dijeron que se esperaba que la demanda sea presentada durante el martes, sin entregar más detalles.

Una portavoz del Departamento de Justicia no quiso dar declaraciones.

Funcionarios gubernamentales y críticos han condenado la ley, cuestionando su constitucionalidad e indicando que podría llevar a la discriminación étnica, junto a una mayor división con los hispanos, una población que crece aceleradamente en Estados Unidos.

El presidente Obama ha advertido que la ley de Arizona podría llevar a un conjunto de leyes diversas aprobadas por los numerosos estados del país, y dijo que el asunto debería ser resuelto a nivel federal por el Congreso.