La CICIG finalizaba su mandato en septiembre del 2019, luego de que el año pasado el Gobierno no le renovara su período y revocara las visas de varios de sus integrantes.

Ciudad de Guatemala.- El Gobierno de Guatemala dio el lunes un plazo de 24 horas para que una misión anticorrupción de Naciones Unidas abandone el país, informó la canciller de la nación centroamericana, Sandra Jovel, luego de que el cuerpo de investigadores se enfrentara a la administración del presidente Jimmy Morales.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) finalizaba su mandato en septiembre del 2019, luego de que el año pasado el Gobierno no le renovara su período y revocara las visas de varios de sus integrantes, cuyas investigaciones condujeron a la captura del hermano del mandatario, sospechoso de corrupción.

En ese momento, Morales justificó la decisión argumentando que los integrantes de la CICIG violaron las leyes, hicieron persecución penal selectiva y sembraron el “terror judicial”.

“Se le comunicó al secretario general (de la ONU, António Guterres) que en un plazo de 24 horas queda el acuerdo (que establece la comisión) finalizado por Guatemala y por la Secretaría General de las Naciones Unidas”, dijo Jovel desde Nueva York.

“La extralimitación de su mandato y sus funciones invocando una supuesta lucha contra la corrupción se desvío del camino correcto, del origen de la comisión que fue combatir los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad”, agregó.

Jovel se reunió con Guterres en Nueva York el lunes y le entregó una carta informándole sobre la intención del Gobierno guatemalteco de poner fin al acuerdo que había establecido la CICIG.

Guterres “rechazó enérgicamente” el contenido de la carta, dijo un portavoz del secretario general en un comunicado, y agregó que la ONU esperan que el gobierno de Guatemala “cumpla integralmente con sus obligaciones legales en virtud del acuerdo” hasta que el mandato de la CICIG culmine.

Las investigaciones llevadas a cabo por la comisión, creada a fines del 2006, obligó a la renuncia del expresidente Otto Pérez Molina y a su gabinete. También han llevado a la cárcel a otro expresidente, decenas de exfuncionarios de gobierno y a empresarios involucrados en distintos casos de corrupción.

Los roces entre Morales y la CICIG surgieron a inicios del año pasado, cuando la comisión y la Fiscalía acusaron al hermano y a uno de los hijos del mandatario de participar en un fraude, lo que dañó la popularidad del presidente.

En meses recientes, la administración de Morales ha revocado visas y negado la entrada al país centroamericano a diversos miembros de la misión de la ONU, incluido su jefe, el colombiano Iván Velásquez.