"Comparto que si bien hay que proteger los derechos humanos de las personas, hay que ver también los derechos de las grandes mayorías, en este caso la sociedad en general que llora diariamente las acciones de estos delincuentes", dijo Óscar Álvarez.

Las autoridades hondureñas deben dedicarse a proteger los derechos de las grandes mayorías y no los de sectores amparados en una guerra psicológica de desestabilización, aseguró este domingo el ministro de Seguridad de Honduras, Óscar Álvarez.

En declaraciones a Radio América, el funcionario sostuvo que las acciones de la Policía Nacional son "boicoteadas por la misma autoridad" cuando se protegen derechos de gremios o sectores cuya labor es la de desestabilizar el orden público y la democracia en Honduras.

"Comparto que si bien hay que proteger los derechos humanos de las personas (de forma individual), hay que ver también los derechos de las grandes mayorías, en este caso la sociedad en general que llora diariamente las acciones de estos delincuentes", señaló.

A criterio de Álvarez, estos sectores "se nutren del desorden y en desorden hacen lo que quieren", pues se cubren bajo la temática de violación de los derechos humanos y critican la acción policial.

El ministro manifestó que dichos grupos sostienen "aparatos de propaganda a nivel nacional e internacional que les permite realizar este tipo de estrategias de mentirle a la gente y decir que la autoridad está haciendo situaciones fuera de la ley", como parte de una guerra psicológica contra las fuerzas del orden que deben proceder de inmediato en caso de agresiones contra terceros a la propiedad pública y privada.

"El sistema democrático que se basa en el bien común y el Estado de Derecho(...) significa que ninguna persona, no importa sus intenciones, puede violar la ley para conseguir lo que desea, ni también, nosotros podemos olvidarnos de que el bien común significa: de las grandes mayorías y en este caso, nosotros empezamos a proteger a pequeños grupúsculos o a pequeños gremios sólo para tratar de quedar bien con organismos internacionales que no necesariamente están velando por los derechos de Honduras, estamos mal", afirmó.

Asimismo, planteó la necesidad de castigar a menores de edad que ejecutan delitos propios de adultos, pero que salen en libertad y reinciden amparados en la leyes y convenios internacionales.

Ante el incremento de delitos cometidos por menores de edad, planteó la posibilida de "renunciar a convenios que permitan juzgar a los menores de edad cuando cometen crímenes típicos de un adulto y así podríamos nosotros reducir las acciones de estos jóvenes criminales".

El titular de la Secretaría de Seguridad criticó además que aunque la policía ejerza autoridad, generalmente los delincuentes son liberados 24 horas después por la Fiscalía, provocando que se sientan con la capacidad y permiso para seguir cometiendo crímenes.

"Le pierde el respeto a las autoridades, al castigo, a la aplicación de penas. Eso es lo que nos está haciendo un daño enorme", condenó.

Expresó que el Código Penal fue aprobado de manera apresurada, por lo que Honduras "no está preparado para manejar pandillas, nacortraficantes o criminales".

Concluyó que solamente meediante la aplicación de la ley a quienes abusan de su autoridad, incumplen deberes como funcionarios o se envíe a la cárcel a quienes cometen delitos, terminarán las violaciones legales por temor a la autoridad.