Los docentes suspendidos son aquellos que a pesar del llamado del Ejecutivo se rehusaron a presentarse a las aulas entre el 28 y 30 de marzo, después de haber permanecido casi cuatro semanas en una huelga calificada de ilegal.
El gobierno de Honduras cumplió su palabra. El Poder Ejecutivo oficializó ayer la suspensión por dos y seis meses de 305 docentes a nivel nacional.
El decreto que destituye a los maestros que se ausentaron de las aulas de clase fue publicado la tarde de este jueves en el diario oficial La Gaceta.
Los docentes suspendidos son aquellos que a pesar del llamado del Ejecutivo se rehusaron a presentarse a las aulas entre el 28 y 30 de marzo, después de haber permanecido casi cuatro semanas en una ilegal huelga.
Desde horas de la mañana había trascendido que el gobierno cumpliría con las sanciones que prometió a los docentes.
Al filo de las 3:00 de la tarde, gran cantidad de medios de comunicación se apersonaron a la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), a la espera del decreto que oficializaría las más de trescientas suspensiones.
Bajo la publicación del acuerdo número 40867-SE-2011, el Ejecutivo oficializó las primeras sanciones disciplinarias. El acuerdo fue emitido por la Secretaría de Educación.
La emisión en el diario oficial contempla los nombres y apellidos, cargo, número de identidad del maestro, nombre del centro educativo, el municipio y el departamento donde se encuentra el centro educativo.
Cabe señalar que en algunos casos se mencionan nombres de municipios que no corresponden a la realidad. Por ejemplo, en el caso de Colón se mencionan municipios como El Carbonal y La Esperanza, nombres que no corresponden a ninguno de los municipios de este departamento.
Justificación. El Estado se respaldó en lo establecido en la Constitución de la República, el Estatuto del Docente, el Código del Trabajo y la resolución del Ministerio de Trabajo que declaró como ilegal la suspensión colectiva de labores de los docentes.
Las inasistencias de los docentes fueron constatadas por las direcciones departamentales.
Fueron los directores de educación en cada departamento los que efectuaron las supervisiones correspondientes en cada centro de educación y los que posteriormente trasladaron la información a la Secretaría de Educación.
Los directores departamentales asumieron la responsabilidad de documentar las inasistencias de los docentes a sus centros educativos.
A través del referido acuerdo, el gobierno hizo constar que está entre sus facultades la suspensión temporal de los docentes.
Según advirtió el gobierno, las suspensiones van desde los dos meses a los seis meses.
Cabe hacer notar que el gobierno cumplió con las suspensiones de labores a tan solo dos días de haber iniciado el diálogo.
Los suspendidos. Los 305 docentes fueron suspendidos sin goce de sueldo.
El período de suspensión empieza el 11 de abril y concluye el 11 de junio para los amonestados por dos meses, y termina el 11 de octubre para los amonestados por seis meses.
El departamento de Atlántida encabeza los listados con el mayor número de suspendidos, 43 maestros.
En el departamento de Intibucá, 15 docentes fueron suspendidos.
La misma suerte corrieron 27 maestros del departamento de Cortés y 25 de Colón.
Del departamento de El Paraíso se suspendieron 31 docentes, mientras que de La Paz y Choluteca se suspendieron 11 y 17 docentes, respectivamente.
Del departamento de Santa Bárbara fueron suspendidos 25 docentes. Igual que 20 docentes de Olancho y 19 de Ocotepeque. En Francisco Morazán se suspendió a 29 docentes, mientras que en Lempira a 24. En total son doce los departamentos que se contabilizan, pero no se conoció si en los restantes seis no hay maestros sancionados o si se hará una publicación posterior.
Las consideraciones. El gobierno fundamentó la determinación de suspender por dos meses a los 305 docentes tomando en consideración la obligación de proteger a la infancia y sus derechos.
La emisión del decreto PCM-016-2011 con fecha del 18 de marzo, en el se declaró la emergencia educativa y que posteriormente dejó como ilegal la suspensión de clases, fue el elemento clave que consideró el gobierno.
También consideró su responsabilidad de organizar, dirigir y supervisar la educación de todos los niveles, exceptuando la superior.
