La aceptación que la población tiene del gobierno del Partido Patriota no ha cambiado en los últimos seis meses, al alcanzar 70% de aprobación sobre el primer año de gestión, pese a varias controversias y crisis para el Ejecutivo.

El presidente Otto Pérez Molina logró mantener esa calificación e incluso aumentarla, principalmente en el área rural, contrario a la región metropolitana, donde el índice de aprobación se reduce entre quienes creen que ha hecho un buen gobierno en los primeros 12 meses, según la Encuesta Libre, elaborada por Prodatos para Prensa Libre, que recopiló la información del 3 al 8 de enero últimos.

Al cumplirse el primer año del gobierno del PP, la mayoría de la población cree que se ha hecho un buen trabajo, aunque mantiene la preocupación sobre la inseguridad y economía. La calificación sorprendió a los analistas, quienes esperaban una nota más baja.

El gobierno naranja cumplió sus primeros cien días con la aprobación del 82% de los guatemaltecos, que le dieron el beneficio de la duda.

Luego, en el primer semestre, la nueva administración obtuvo el 69% de satisfacción por parte de la población. El 1% más avala su gestión en el primer año.

Resultado sorprende. Según el politólogo Luis Fernando Mack, el resultado sorprende porque la percepción que se tenía era de un desgaste mayor en el primer año de gobierno, por las diferentes controversias y cuestionamientos que afrontó esta administración.

“En la capital el resultado desciende, primero por la influencia mediática, además de que hubo muchas controversias y todavía las tiene. Un montón en las que se ha metido en forma innecesaria”, afirma Mack.

El politólogo indica que si el Gobierno quiere mantener una calificación así y evitar el desgaste, debe mantener la línea de trabajo que en el área rural le generó mejor aprobación, como la cercanía con la gente y dar respuesta rápida, como lo hizo durante el terremoto de noviembre.

Expone que en la provincia los problemas son otros que en los centros urbanos, y que el asunto de la ley de desarrollo rural quizá la población de esos sectores “lo percibe con cierta esperanza de aprobación”, por lo que no mostró más inconformidad que en la capital.

Eso sí, Mack asegura que con el transcurso del tiempo podría esperarse el desgaste gubernamental.

Dos visiones. Desde la óptica de quienes viven en el interior urbano y en el área rural, el mandatario ha hecho un buen trabajo, en donde sube cinco puntos. Por el contrario, en la capital —donde se percibe que la inseguridad y los asaltos continúan fuertes— el Gobierno tiene un descenso de seis puntos comparado con los primeros seis meses.

Sin embargo, la caída más sensible en la calificación al Gobierno se da en los niveles socioeconómicos medio y alto, ya que al cumplir seis meses obtuvo el visto bueno del 76 por ciento de los guatemaltecos, y ahora, 62 por ciento, con lo que cayó 14 puntos. En el estrato socioeconómico bajo es buena la evaluación.

Asimismo, más mujeres que hombres aprueban la administración de Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, ya que los segundos mantienen su nivel de aceptación. La calificación también desciende levemente entre los jóvenes de 25 a 34 años, y sube en los otros grupos de edades.

Renzo Rosal, politólogo e investigador de la Universidad Rafael Landívar, opina que el nivel de demandas que hay en la provincia a veces no es mayor que en la región metropolitana, y considera que la calificación responde a que la ciudadanía plantea sus expectativas con el hecho de que un año es poco tiempo para medir los impactos reales y concretos de una gestión.

“En el interior del país han vivido bajo una historia de muchos resabios pendientes, que han hecho que sus niveles de demandas sean conservadores, contradictoriamente a lo que uno pueda pensar, como que con poco se conforman”, refiere Rosal.

El analista expresa: “El hecho de que este gobierno ya comenzó a desarrollar los programas sociales a través del Ministerio de Desarrollo Social en lo local y que la situación de inseguridad es más de carácter urbano que rural hace ver que hay cierto conformismo y que en buena medida puede obedecer esa calificación”.

De esa cuenta, dice Rosal, la población urbana tiene más a la mano los medios de comunicación y por lo tanto hay más herramientas para ejercer una posición más crítica, mientras que en el área rural podría haber desinformación.

“Las áreas urbanas son más críticas, son aquellas que están demandando mayor capacidad de respuesta en corto plazo, más seguridad, generación de empleo. Nuestra oferta de demanda es más sofisticada y más larga que en el área rural, y al no cumplirse, nuestra evaluación castiga más a los gobernantes”, asegura.

Qué afectaría. Hugo Maul, economista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), refiere que haber mantenido el nivel de aceptación de los seis meses es una “ganancia” al tomar en cuenta varios elementos que durante el año desgastaron a la actual administración.

“Si uno ve el lado negativo hay algunos asuntos que debieron afectar esa aceptación. Toda esa confrontación que se realizó en términos de la carrera magisterial, la ley de desarrollo rural, los problemas con la aduana, lo de Totonicapán, por supuesto, eso me diría a mí que la aceptación estaría más baja”, resalta Maul.

Sin embargo, la población ha reconocido algún elemento positivo, como la reducción de la inflación, que terminó en 3,42% el 2012, “un mérito que podrá echarse el Banco de Guatemala por ese control”, explica.

El analista del Cien también menciona como aspecto positivo que no hubo una “confrontación abierta” en la discusión del salario mínimo ni hubo politización en torno a esa decisión.

“Otro asunto que le duele a la gente es la reforma tributaria. Entonces me muestra sorpresa la calificación. A partir de eso el Gobierno debiera aprovechar, ahora que ya aprendió, que ya conoce y que tiene diseñadas estas políticas, para empezar a accionar y dar resultados concretos medibles”, sostiene.

Gestión ante terremoto. A criterio del politólogo Franco Martínez, el 70% refleja algunos “fenómenos” que son claves en el imaginario social del ciudadano. Uno de ellos fue el terremoto del 7 de noviembre último y sus efectos.

“La capacidad de respuesta efectiva que tuvo el Gobierno en términos de la reconstrucción y el apoyo a los ocho departamentos donde se decretó el estado de Calamidad y principalmente en San Marcos, fue visto con buenos ojos”, manifiesta Martínez.

Afirma que las dos reuniones que tuvo en el 2012 el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural —que aglutina al presidente, vicepresidenta, gobernadores, alcaldes y representantes de la sociedad civil— también fueron un concurso en que otros actores son determinantes en el territorio para la percepción política.

Martínez asevera que ese 70% también evidencia la cercanía que tuvo el presidente con los gobiernos locales, lo cual ha sido reforzado con los logros del pacto Hambre Cero.

“En el caso de la región metropolitana no parece rara la desaprobación, porque los programas sociales están destinados a paliar la pobreza y pobreza extrema en la provincia”, asegura el analista político.