La acción de Greenpeace consistió en la incursión de un grupo de activistas a la zona intangible de las líneas de Nazca para desplegar una pancarta al costado del geoglifo del Colibrí.

Lima. El Ministerio de Cultura de Perú sustentó este miércoles ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia la solicitud de extradición del activista argentino de la organización ambientalista Greenpeace Mauro Fernández, informó un comunicado del Poder Judicial.

Fernández tiene en Perú una orden judicial de seis meses de prisión preventiva, dictada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Nazca, por un presunto delito de atentado contra monumentos arqueológicos al participar en una acción de Greenpeace que causó daños en las líneas de Nazca.

La Sala Penal Permanente, presidida por el juez supremo Javier Villa Stein, dejó al voto el pedido de extradición y en los próximos días emitirá su decisión.

A la audiencia solo asistió el abogado del Ministerio de Cultura, Julio Espinoza, ya que la defensa del imputado y el representante de la Fiscalía no se personaron a esta cita.

Espinoza argumentó que el pedido de extradición cumple con el presupuesto de la doble incriminación en ambos países porque el atentado contra monumentos arqueológicos está recogido en la Ley de Protección del Patrimonio y en el Código Penal de Argentina.

Villa Stein preguntó si se trata de un delito culposo o doloso, a lo que el abogado respondió que se encuadra en la figura de delito con dolo eventual.

Julio Espinoza también indicó que se cumple con el requisito de la existencia de causa probable, al recordar que el Poder Judicial y la Fiscalía acreditaron el ingreso de los activistas y el consecuente deterioro del geoglifo del colibrí el día 8 de diciembre de 2014, entre las 01.00 y 08.00 horas.

La acción de Greenpeace consistió en la incursión de un grupo de activistas a la zona intangible de las líneas de Nazca para desplegar una pancarta al costado del geoglifo del Colibrí, dirigida a los líderes políticos reunidos en Lima durante la vigésima cumbre mundial de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP20).

El juez federal argentino Sebastián Casanello eximió el 6 de febrero pasado a Mauro Fernández de ir a prisión en su país, pero le prohibió salir de Argentina y dispuso que el activista no se ausente de su domicilio por más de 24 horas.

Fernández es uno de las tres personas denunciadas por la Fiscalía de Perú, junto al colombiano Herbert Augusto Villarraga Salgado y el también argentino Rodrigo Miguel Abd, fotógrafo de The Associated Press, agencia de noticias que alega que su trabajador se encontraba en una cobertura periodística cuando ingresó a las líneas de Nazca.