La reciente captura de 18 ex militares por desapariciones y delitos de lesa humanidad pone en relieve los vínculos oscuros del nuevo Gobierno guatemalteco -que asume este jueves- con el ejército de ese país.
Cuando la Policía Nacional Civil (PNC) por órdenes del Ministerio Público (MP) capturó a 18 exmilitares el miércoles 6 de enero, le dio un gran golpe a la impunidad en Guatemala. Entre los detenidos se encuentran ex militares con altos cargos en el Ejército guatemalteco, como el general retirado Manuel Benedicto Lucas García, ex jefe del Estado Mayor del Ejército y hermano del ex presidente Fernando Romeo Lucas García. El MP les acusa de haber participado en cientos de desapariciones y delitos de lesa humanidad durante el conflicto armado interno.
Las capturas exponen una vez más las graves heridas históricas del país. Con estimados de 200.000 muertos y 50.000 desaparecidos, el conflicto armado en Guatemala fue uno de los más sangrientos de Latinoamérica y sigue provocando fuertes enfrentamientos entre el sector promilitar de la sociedad y otro grupo que busca justicia por los crímenes cometidos por el Ejército contra la población civil.
Sin embargo, el golpe contra la impunidad va más allá de lo jurídico. En vísperas de la toma de posesión de Jimmy Morales, las capturas también ponen en relieve los vínculos que tiene el Gobierno entrante con los militares. “Jimmy Morales nunca tuvo el coraje de presentar a su gabinete, sin embargo, hubo una mención extraoficial que probablemente uno de los capturados, el general César Augusto Cabrera Mejía, iba a ser el Ministro de Gobernación”, dice Jorge Santos, defensor de los derechos humanos.
Un mensaje muy claro. Aunque esta opción ahora queda fuera de lo posible, los problemas de Morales no se terminan ahí. El MP presentó también una solicitud de antejuicio contra el coronel Edgar Justino Ovalle Maldonado, quien es el padre político de Morales y diputado de su partido, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación). Solo la inmunidad como diputado le salvó de ser capturado por el MP, que lo señala también por desaparición forzada.
Jimmy Morales no ha emitido su opinión acerca del caso del diputado Justino Ovalle. Según su vocero, Heinz Hiemann, “el Presidente electo respeta las instituciones del Estado, si no se ha pronunciado es para no interferir con las decisiones de la corte”.
Para Jorge Santos, las capturas tienen un mensaje muy claro: “La impunidad del presente está ligada con la impunidad del pasado”, dice. “Esa impunidad del pasado, en la medida en que no se haga nada para terminar con ella, permite que personas como el ex presidente Otto Pérez Molina o los hoy capturados sigan teniendo suficiente poder para seguir generando redes criminales en el país. Pérez Molina cometió graves delitos y violó los derechos humanos durante el conflicto armado interno, formando parte de las estructuras criminales por las cuales hoy está detenido".
Oportunidad para el presidente. Desde otra perspectiva, la detención de los ex militares se podría convertir en una oportunidad para el nuevo presidente para deshacerse de oscuros aliados que le complican la vida política. “Tiene que darse cuenta de que le están quitando cargas, algo que él por su propia cuenta tal vez no haría”, opina el columnista y sociólogo Gustavo Berganza. “Si Jimmy Morales es inteligente, se apoyaría en la embajada de EE. UU., en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y en el Ministerio Público y trataría de construir una nueva estructura del ejecutivo que fuese más eficaz y menos corrupta.”
Tras la revelación de graves casos de corrupción el año pasado, tanto la Fiscal General, Thelma Aldana, como Iván Velásquez, el comisionado de la CICIG, se han convertido en una especie de héroes nacionales en Guatemala. Y Estados Unidos, que apoya a la CICIG, tiene sus ojos puestos en Guatemala en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, algo que queda subrayado con la participación del vicepresidente estadounidense, Joseph Biden, en el acto de toma de posesión de Jimmy Morales este jueves 14 de enero.
Desde el primer día en el cargo, el nuevo Presidente va a estar también bajo la vigilancia de la sociedad civil, que tras meses de manifestaciones contra la corrupción se ve más dispuesta que nunca a fiscalizar las acciones del Gobierno. Según Berganza, ahí está la clave para Jimmy Morales. “¿Por qué tendría que tener a la sociedad civil en su contra?”, pregunta. “¿Por qué no la hace su aliada en esta lucha contra la corrupción?
Éste sábado 16 se van a ver las dos caras de Guatemala. El movimiento ciudadano #JusticiaYa convocó a una manifestación en el Parque Central para exigir que la lucha contra la corrupción en el país continúe. También han convocado simpatizantes de los militares para protestar contra las últimas capturas realizadas a exmilitares. Es Jimmy Morales quien decide con quién se queda.
