En septiembre, el llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la CIDH, desestimó en un extenso informe la versión oficial de que los estudiantes de magisterio fueron asesinados y quemados en un basurero.
Con un nuevo equipo de investigación, uso de drones y tecnología satelital, el Gobierno mexicano acordó con expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) relanzar un plan de búsqueda de 43 estudiantes que habrían sido masacrados en el sur del país el año pasado.
En septiembre, el llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la CIDH, desestimó en un extenso informe la versión oficial de que los estudiantes de magisterio fueron asesinados y quemados en un basurero.
Además, señaló graves fallas en las pesquisas para esclarecer el caso, ocurrido en septiembre del año pasado y que cimbró al Gobierno de Enrique Peña Nieto, poniendo en evidencia el alto grado de complicidad entre autoridades y grupos de crimen organizado.
"Habrá un nuevo equipo de trabajo que relance la investigación", prometió el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (fiscalía federal), Eber Betanzos, en una audiencia pública en la sede de la CIDH en Washington frente al grupo de expertos que investiga el caso.
Los expertos y el Gobierno mexicano firmaron un acuerdo el lunes, que fue divulgado un día después y contempla el uso de tecnología satelital, drones terrestres y acuáticos para buscar a los jóvenes por distintas vías, incluyendo fosas clandestinas.
Además, incluye la realización de más diligencias, peritajes e interrogatorios que permitan nuevas líneas de investigación.
El Gobierno se mantuvo firme en no permitir que los expertos interroguen directamente a militares que estuvieron en funciones la noche del 26 de septiembre de 2014 y a los que el grupo de expertos de la CIDH señala por no intervenir mientras policías municipales en la ciudad de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, disparaban a los estudiantes.
Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dijo que esas diligencias solamente pueden hacerse a través del ministerio público, sin embargo su postura fue un poco más flexible que en ocasiones anteriores.
"Ahora con la nueva investigación habrá todas las condiciones para revisar y analizar cuál puede ser el contenido y el formato de una diligencia con esa características", dijo durante la audiencia.
