Falta apretar el paso para que México cuente con un eficaz Programa Nacional de Prevención del Delito, advierte Eunice Rendón, funcionaria de la dependencia.

La Secretaría de Gobernación (Segob) reconoció que aunque hay avances importantes, falta apretar el paso para que México cuente con el Programa Nacional de Prevención del Delito que se merece.

Durante la inauguración del Foro Internacional de Prevención del Delito, Eunice Rendón, directora general de Coordinación Intersecretarial de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Segob, destacó que en lo que va del sexenio los homicidios se han reducido en 30 por ciento.

Indicó que además se recuperaron 2 mil 300 espacios públicos y se apoyaron 7 mil 700 proyectos y obras de infraestructura y equipamiento social para construcción, rehabilitación y mejoramiento del entorno.

Dijo que lo importante ahora es conocer el impacto que estas acciones tienen en las comunidades, generar más información para evaluar las intervenciones, consolidar los diagnósticos locales, establecer mecanismos para la continuidad de los programas y fortalecer las herramientas de transparencia.

"Hemos avanzado, pero necesitamos todavía apretarle más, hacer algunas cosas más, para que México tenga el programa nacional de prevención que merece”, manifestó.

En su intervención, Andrew Standley, embajador de la Unión Europea en México, se refirió al diálogo y la asistencia técnica que los países del viejo continente ofrecen a nuestro país para la formulación, monitoreo e implementación de programas y políticas públicas en el fomento de la seguridad ciudadana y la prevención del delito.

“El enfoque de derechos humanos a la seguridad y prevención del delito requiere adoptar los estándares de derechos humanos como los límites de la cancha en que deben diseñarse y aplicarse las prácticas y políticas en este ámbito”, subrayó.

Por su parte, Edna Jaime, directora general de México Evalúa, hizo votos por que en la segunda década del siglo XXI se pueda construir un país donde el Estado no enfrente carencias crónicas ni deficiencias estructurales para implementar programas de prevención exitosos, con instituciones públicas que atiendan las necesidades básicas de las personas a lo largo de su ciclo de vida y estadísticas criminales confiables y funcionarios públicos altamente profesionalizados en los tres órdenes de gobierno capaces de usar los datos para diseñar políticas públicas de la mayor calidad.