Entre 1990 y 2012 el gasto social ha crecido alrededor de 439%, sin embargo los ingresos familiares, como producto del trabajo que desarrollan sus integrantes, se han deteriorado en al menos 25%.

La política social, al menos a partir del verano de 2011, no puede ser vista sólo como el conjunto de programas gubernamentales dirigidos a combatir la pobreza, sino como el conjunto de decisiones que el Estado debe tomar para garantizar plenamente los derechos humanos consagrados en la Constitución.

La política social, en ese sentido, implica una determinada política económica, y no al revés. No puede haber distribución de la riqueza, equidad e inclusión social sin que existan mecanismos redistribuidores del ingreso, con criterios de equidad y dirigidos a garantizar que todas las personas tengan acceso al cumplimiento efectivo de los preceptos consagrados en la Constitución.

De eso se trata el Estado de derecho: de darle viabilidad y vigencia son restricciones al mandato de la Ley; y por ello también, el conjunto de reformas del Estado que está aún pendiente no debería tener otro eje de articulación sino la construcción de un modelo de bienestar en el que por fin pueda romperse la disociación que prevalece entre lo legal y lo legítimo.

Recientemente el Coneval presentó la evaluación de la política social 2014, en el que resume el conjunto de tareas que hacen falta por resolver, entre otras, que no se derivan de su análisis, y que permitirían contar con una base mínima para avanzar hacia el anhelado acceso a pisos comunes de satisfactores que, en su conjunto, podrían permitir hablar de condiciones dignas de existencia para todas y todos.

Por la relevancia de la evaluación que presenta el Coneval se presentan los principales puntos de la citada evaluación 2014:

1. Se requieren definiciones más claras en los preceptos constitucionales.

De acuerdo con el documento presentado por el Coneval, la Constitución política establece ideales a ser alcanzados socialmente. Sin embargo, la redacción del texto contenido en la Carta Magna carece de precisiones específicas. Por ejemplo, se establece el derecho a una vivienda digna y decorosa; empero ¿qué significa tal redacción? ¿Cuáles serían los estándares para aceptar que una vivienda es digna y decorosa?

De igual forma se establece el derecho de toda persona a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Frente a ello hacen falta, a juicio del Coneval, precisiones jurídicas que permitan medir, con base en indicadores, el grado de cumplimiento de tales derechos.

Al respecto, es importante señalar que la cuestión no se encontraría en la deficiencia del texto constitucional, sino en el marco de las leyes vigentes para darle cumplimiento. En ese sentido, juristas como Diego Valadés o Miguel Carbonell han señalado la necesidad de eliminar de la Constitución preceptos que deberían estar en el marco jurídico o incluso en el marco reglamentario de nuestro país.

Desde esta perspectiva, lo que haría falta es construir un sistema institucional capaz de traducir lo que se encuentra en el marco constitucional y legal a un entramado de políticas públicas que permitan a la población ver cumplido el amplio marco de derechos humanos reconocidos en la Carta Magna.

2. El ingreso de las familias se ha reducido desde 1992

En la evaluación del Coneval se plantea la pregunta de por qué si en los últimos diez años se han reducido significativamente las carencias en servicios, no se han reducido simultáneamente los niveles de pobreza. La respuesta se encuentra, de acuerdo con la información del Coneval, en los niveles del ingreso de las familias mexicanas, y en particular el deterioro de su poder adquisitivo.

Lo anterior tiene que ver con múltiples factores. El primero de ellos es el bajo crecimiento de la economía nacional, la cual, según los datos disponibles, muestra un promedio de 1.2% de crecimiento anual entre 1993 y 2013, mientras que entre 2013 y 2014 se registró un crecimiento por debajo del 1% anual.

Por otro lado, debe considerarse que el poder adquisitivo de las familias mexicanas se ha reducido drásticamente en los últimos años, pues de acuerdo con los datos del Coneval, el poder adquisitivo del salario laboral, es decir, lo que obtienen las personas por su trabajo, se ha reducido en poco más de 10% entre el primer trimestre de 2005 y el tercer trimestre de 2014.

Asimismo, en el análisis que ha hecho el Coneval sobre el ingreso que obtienen las personas y las familias respecto de lo que cuesta la canasta básica alimentaria, el deterioro del poder adquisitivo del ingreso laboral es de 25%. Es decir, si se compara el ingreso que obtienen las personas por el trabajo que desarrollan y lo que cuesta la canasta básica alimentaria, la pérdida es de uno de cada cuatro pesos.

3. La calidad de los servicios no ha crecido como la cobertura

En el documento presentado por el Coneval se muestra evidencia de cómo nuestro país ha avanzado en la cobertura de servicios básicos de una manera relevante. En los ámbitos de la educación, a través de la cobertura en educación primaria y secundaria; en el terreno de la salud, a través del Seguro Popular y los sistemas de seguridad social tradicionales en el país, así como en la reducción de indicadores como las tasas de mortalidad infantil y materna.

Sin embargo, cuando se abordan los temas desde la perspectiva de la calidad de los servicios es necesario plantear qué pasa en ámbitos como la salud o la educación. Por ejemplo, a pesar de los resultados en cobertura en educación, los datos de que disponemos relativos a la trayectoria educativa y el rendimiento escolar, los que tenemos en el país son los más bajos de la OCDE, mientras que en las distintas pruebas de aprendizaje se muestra que seguimos teniendo un sistema educativo que privilegia la memorización antes que la construcción de competencias para la vida y el conocimiento ulterior.

Por ello, y esto se desprende de la información del Coneval es urgente mejorar no sólo los sistemas de gestión, sino sobre todo potenciar las capacidades de cumplimiento efectivo de los derechos humanos, en función, precisamente, de indicadores como los presentados.

4. Los programas productivos han sido ineficaces

Sobre este asunto el Coneval advierte de la necesidad de revisar los programas con que contamos a fin de mejorar los esquemas de comercialización de los productos que son elaborados con financiamiento público; además, el Coneval recomienda mejorar los indicadores y sistemas para dar seguimiento en el tiempo sobre cómo operan los beneficios otorgados, tanto en el corto plazo como a lo largo del tiempo, sobre todo en función de los objetivos planteados.

Esto opera en el ámbito rural, en el que los apoyos otorgados por Procampo no necesariamente benefician a los pequeños productores, además de que el Coneval, en múltiples estudios, ha mostrado cómo programas como el señalado, además de otros, son regresivos del ingreso y no necesariamente se aplican en las zonas con mayores necesidades ni tampoco sus beneficiarios son los más pobres.

5. Una alta dispersión de programas

Los datos del Coneval no dejan lugar a dudas: la oferta pública de programas ha crecido abismalmente en los últimos años de manera acelerada y creciente, de tal forma que hay más de 5 mil programas, entre federales, estatales y municipales, para el desarrollo social, y entre los cuales no existe ninguna vinculación ni mecanismos de coordinación.

Es interesante observar que el gasto en programas sociales ha crecido en el país 439% entre 1990 y 2013, mientras que el gasto programable lo ha hecho 287%, lo que evidencia la preeminencia que ha tenido el gasto social frente a los débiles resultados que muestran las evaluaciones oficiales.