El objetivo es tener dicho informe antes del fin del mandato del presidente Fernando Lugo y evitar sanciones internacionales.

Asunción. El viceministro del Trabajo de Paraguay, Raúl Mongelós, anunció que pedirán a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) confirmar la eliminación de casos de trabajo forzoso y esclavitud de indígenas en estancias rurales en el Chaco.

El objetivo es tener dicho informe antes del fin del mandato del presidente Fernando Lugo y evitar sanciones internacionales. Las denuncias hechas por la ONU fueron constantes.

El funcionario hizo este anuncio durante la presentación de resultados de la última campaña de formalización laboral en la Región Occidental.

El ministerio de Justicia y Trabajo, desde la instalación del gobierno del presidente Lugo, ha venido realizando cuatro campañas de este tipo ante la llamada de atención de la OIT y el temor de la industria ganadera local a que la exportación del Paraguay sea sancionada por Naciones Unidas.

“No hemos encontrado situación de trabajo forzoso”, remarcó Mongelós, al tiempo de anunciar que pedirán un informe para que se puedan hacer “otros análisis”.

“Hemos hecho procesos y campañas de concienciación de cumplimientos de normas laborales, se ha conformado una comisión tripartita de erradicación del trabajo forzoso en el Chaco”, aseveró Mongelós.

Agregó que también se ha instalado una Oficina Regional del Trabajo, varios seminarios con pueblos indígenas y empleadores y que se ha concluido en el mes de junio el cuarto operativo Trabajo Decente en la zona, remarcó.

Dicha campaña se originó luego de que la OIT denunciara en 2007 casos de semiesclavitud, servidumbre por deudas y marginación laboral entre nativos.

Antecedentes. El informe señalaba que los trabajadores indígenas del Chaco recibían provisiones y ropas como pago, a un precio superior al del mercado.

Esto hacía que los peones sean endeudados y obligados a trabajar para pagar sus pasivos. Este sistema, conocido como “provista”, consiste en forzar una relación de dependencia con los estancieros dueños de almacenes.

Agrava la situación que reciban un sueldo inferior al mínimo, según las denuncias del organismo enfocado en las comunidades enxet.

Lugo prometió a Naciones Unidas erradicar la práctica y se formó una comisión.

No obstante, delegados de la ONU llegaron al país en abril de 2009 denunciando condiciones inaceptables y contradicen las leyes internacionales sobre derechos humanos.

Expertos extranjeros denunciaron que la lamentable situación era muy parecida al “guasipungo” que es la esclavitud por las deudas y estuvo muy vigente en Perú, Ecuador y Bolivia.

La denuncia fue ratificada internacionalmente por la ONU en septiembre de este año.