"No hay intervención del gobierno, es una decisión del juez y el fiscal correspondiente", aseguró la vicepresidenta de Perú, Mercedes Aráoz, en respuesta a las acusaciones de los seguidores de Fujimori, quienes consideran a su líder como una "presa política".
Lima. La vicepresidenta de Perú, Mercedes Aráoz, descartó que el gobierno tenga influencia alguna en el fallo de 36 meses de prisión preventiva contra la dirigente política Keiko Fujimori, anunciado este miércoles por el Poder Judicial.
"No hay intervención del gobierno, es una decisión del juez y el fiscal correspondiente", aseguró Aráoz a la prensa, en respuesta a las acusaciones de los seguidores de Fujimori, quienes consideran a su lideresa como una presunta "presa política".
Tras una larga audiencia que inició a las 9:30 hora local de este miércoles, el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, Richard Concepción Carhuancho, dictaminó la detención de 36 meses contra la ex candidata presidencial, acusada de supuestamente liderar una organización criminal.
Al referirse a los congresistas del partido fujimorista Fuerza Popular, la vicepresidenta Aráoz hizo un exhorto para iniciar junto a ellos un "proceso reflexivo" por el bienestar del país andino.
Al anunciar la detención preventiva, el magistrado Carhuancho argumentó que su decisión busca "evitar que (Keiko Fujimori) perturbe la actividad probatoria y replique procedimientos de interferencia en el sistema judicial".
La hija del ex presidente Alberto Fujimori es investigada junto a otras 11 personas por el presunto delito de lavado de activos de un millón de dólares recibido del consorcio brasileño Odebrecht, durante la campaña electoral presidencial del 2011.
La petición contra la dirigente política fue realizada el pasado 19 de octubre por el fiscal José Domingo Pérez, quien señala a la ex candidata presidencial de supuestamente haber simulado múltiples donaciones para esconder los fondos ilícitos provenientes de la constructora brasileña.
Según el fiscal, de existir una eventual condena final contra Keiko Fujimori, en el marco de la investigación que se le adelanta por el delito de lavado de activos en forma agravada, la pena podría ser mayor a cuatro años.
Por su parte, la abogada de Fujimori, Giuliana Loza, rechazó la orden de prisión preventiva contra su clienta, al considerar que se trata de una resolución "abusiva" que se produjo tomando en cuenta hechos probatorios de testimonios "sin corroborar".
