Nicolás Maduro anunció que los efectivos serán desplegados en seis puntos de la capital, entre ellos los municipios de Sucre y Baruta, ambos en manos de la oposición y a los que el mandatario describió como "los dos más peligrosos del país".

Unos 3.000 militares venezolanos comenzarán este lunes a patrullar las calles de Caracas, en el inicio de un plan con el que el Gobierno aspira a combatir los altos niveles de inseguridad que año a año dejan miles de muertos en el país.

Venezuela posee la mayor tasa de homicidios por habitante de Sudamérica, según cifras de Naciones Unidas, y la inseguridad es una de las principales preocupaciones de la población.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció el pasado fin de semana que los efectivos serán desplegados en seis puntos de la capital, entre ellos los municipios de Sucre y Baruta, ambos en manos de la oposición y a los que el mandatario describió como "los dos más peligrosos del país".

El municipio Sucre alberga a Petare, considerada una de las barriadas pobres más populosas de Sudamérica y también reconocida por sus niveles de peligrosidad.

Tras el inicio en la capital venezolana, el llamado plan "Patria Segura" será implementado de manera escalonada en el resto del país, "para ir construyendo un sistema de protección en todas las ciudades y pueblos de Venezuela", dijo Maduro.

El despliegue de tropas es la primera medida en materia de seguridad que lanza Maduro desde que asumió la presidencia el 19 de abril pasado.

Durante la campaña para las pasadas elecciones Maduro, entonces presidente encargado de Venezuela tras la muerte de Hugo Chávez, se comprometió a hacer del combate a la criminalidad "el gran tema en los próximos años".

Maduro aseguró que a diferencia de gobiernos pasados de la "burguesía", cuando el Ejército era usado para "masacrar al pueblo", ahora las fuerzas armadas tendrán la misión de protegerlo.

Expertos locales han cuestionado la efectividad de la iniciativa gubernamental de militarizar las labores de seguridad ciudadana, mientras que el activista de los derechos humanos Marino Alvarado, coordinador general de la organización humanitaria local Provea, aseguró a Efe que la medida viola la Constitución del país.

Según cifras divulgadas por el Gobierno en marzo pasado, en Venezuela se registraron 16.072 asesinatos en el 2012, 14% más que el año anterior, con una tasa anual de 54 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Por su parte, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) dijo en diciembre pasado que la violencia criminal se había cobrado en 2012 la vida de 21.692 personas, para una tasa anual de 73 por cada 100.000 habitantes.