El pacto "entrega reconocimiento legal de distintas clases de glaciares y su entorno, los declara como bienes nacionales de uso público y prohíbe constituir derechos de agua sobre ellos", dijo el ministerio en un comunicado.
Santiago. El gobierno de Chile firmó un acuerdo con legisladores del oficialismo y de la oposición sobre aspectos problemáticos de una ley de glaciares, lo que allana el camino para la aprobación de una norma que podría complicar el desarrollo de multimillonarios proyectos mineros.
El ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, acordó con senadores y diputados 14 puntos con los que el gobierno presentará una indicación en las próximas semanas al proyecto original.
El pacto "entrega reconocimiento legal de distintas clases de glaciares y su entorno, los declara como bienes nacionales de uso público y prohíbe constituir derechos de agua sobre ellos", dijo el ministerio en un comunicado.
"También se podrán revisar resoluciones de calificación ambiental ya otorgadas y que eventualmente intervengan glaciares", agregó.
Multimillonarios proyectos mineros, como el aurífero Pascua-Lama -de Barrick Gold- han tenido una férrea oposición por parte de grupos sociales y comunidades debido, debido al impacto en los glaciares.
Incluso, la estatal chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre, ha recibido críticas mientras tramita la aprobación ambiental para ampliar su mina Andina en la Cordillera de Los Andes, por los posibles efectos sobre los glaciares.
"Se describirán las conductas prohibidas en glaciares que la ley considerará especialmente relevantes de proteger, o en su entorno; dichos glaciares especialmente relevantes se crearán a través de una categoría especial, que el Estado reconoce como estratégicos para sus intereses", dijo Badenier.
Una vez aprobada la ley se podrán revisar, pero no revocar, todos los permisos vigentes y pedir nuevas medidas de mitigación a las empresas.
El pacto contempla la creación de un permiso ambiental especial sobre esta materia que otorgará la Dirección de Aguas y prohíbe las actividades comerciales sobre glaciares ubicados en parques nacionales, con lo que se protegería un 80 por ciento del total existente en el país.
