El regulador estatal de medios audiovisuales de Argentina afirmó recientemente que Clarín se resiste a cumplir la legislación para el sector y advirtió que licitará sus licencias excedentes si hasta el 7 de diciembre no presenta un plan para adaptarse a la norma.
Buenos Aires. El Grupo Clarín, el mayor conglomerado de medios de comunicación de Argentina y que está duramente enfrentado con el Gobierno, dijo este martes que no presentará un plan de desinversión para adecuarse a la ley del sector ya que la norma que lo exige está suspendida por la justicia.
El regulador estatal de medios audiovisuales de Argentina afirmó recientemente que Clarín se resiste a cumplir la legislación para el sector y advirtió que licitará sus licencias excedentes si hasta el 7 de diciembre no presenta un plan para adaptarse a la norma.
La legislación, a través del artículo 161, limita las licencias de radio y televisión que pueden estar en manos de un grupo empresario, y también su participación de mercado.
Pero Martín Etchevers, gerente de Comunicaciones de Grupo Clarín, dijo a corresponsales extranjeros que la aplicación del artículo 161 está frenada por una decisión judicial.
"No tenemos que presentar un plan de adecuación porque la aplicación del artículo 161 está suspendida por la justicia", dijo Etchevers. El ejecutivo agregó que la justicia aún no ha hecho un pronunciamiento de fondo sobre su demanda de inconstitucionalidad.
El presidente de la reguladora Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabatella, dijo que existen 20 grupos de comunicación en Argentina que tienen más licencias de medios audiovisuales que las que permite la ley del sector, pero afirmó que sólo Clarín se niega a cumplir la norma.
El Gobierno de Cristina Fernández entró en abierta colisión con Clarín en el 2008, cuando los medios del grupo cubrieron de una manera crítica una revuelta de productores agrícolas contra un proyecto de alza de impuestos.
La disputa ha golpeado a las acciones de Clarín, cuyos medios, en especial su principal periódico y su canal de noticias, TN, son habitual blanco de críticas del Gobierno.
Opositores afirman que la legislación fue promovida como un intento para castigar voces críticas, entre ellas la del Grupo Clarín.
