Guaidó fue elegido hace un año como presidente de la Asamblea Nacional, conforme a las normas internas de rotación de los partidos opositores, que ganaron la sede legislativa en 2015, en su primera victoria frente al PSUV de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en 16 años.
Caracas.- Juan Guaidó se somete este domingo a una prueba de fuego para su liderazgo. Este 5 de enero la Asamblea Nacional de Venezuela, en manos de una oposición fragmentada y ya con presencia 'chavista', decidirá si le otorga su confianza para un segundo mandato con el que completar su "hoja de ruta hacia la libertad".
Guaidó fue elegido hace un año como presidente de la Asamblea Nacional, conforme a las normas internas de rotación de los partidos opositores, que ganaron la sede legislativa en 2015, en su primera victoria frente al PSUV de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en 16 años.
Días después, el 23 de enero, el título de jefe del Parlamento permitió a Guaidó autoproclamarse "presidente encargado" de Venezuela para impedir que Maduro culminara el segundo mandato para el que tomó posesión el día 10 de ese mismo mes en base a unas elecciones presidenciales consideradas fraudulentas.
Guaidó se apoyó en el artículo 233 de la Constitución venezolana, según el cual será "falta absoluta" del presidente de la República, entre otras cosas, "el abandono del cargo declarado por la Asamblea Nacional". Si ocurre antes de la toma de posesión, se debe proceder a una nueva elección en 30 días y, entretanto, "se encargará la Presidencia de la República al presidente de la Asamblea Nacional".
La oposición interpretó que, dado que los comicios del 20 de mayo de 2018 fueron fraudulentos, la investidura de Maduro el 10 de enero no fue válida y, por tanto, su primer mandato expiró ese mismo día sin que nadie le sucediera en el cargo, lo que habría provocado la situación de vacancia en el Palacio de Miraflores.
La Asamblea Nacional elegirá el 5 de enero a una nueva cúpula, lo que sitúa a Guaidó en la cuerda floja, ya que si pierde el control del Congreso perderá también la legitimidad constitucional en la que se ha apoyado este último año para continuar como "presidente encargado" de Venezuela, un revés difícil de encajar para una oposición nuevamente debilitada.
Guaidó necesita el voto favorable de al menos 84 de los 167 diputados que componen la Asamblea Nacional. "Tenemos mucho más de lo necesario para la reelección", ha afirmado el mandatario interino, tomando como referencia la reciente votación para reformar el reglamento parlamentario, que se logró con 93 votos.
La lucha por el voto. Sin embargo, las maniobras 'chavistas' podrían hacer peligrar el quórum. "El régimen está usando una combinación de amenazas, detenciones y sobornos (...) para parar la reelección de Guaidó", ha denunciado el enviado especial de Estados Unidos para la crisis venezolana, Elliott Abrams.
En el campo de las "amenazas" y "detenciones", a lo largo de 2019 la Fiscalía, el Supremo y la Asamblea Constituyente se han alineado para despojar de su inmunidad a hasta 30 diputados opositores por diversos motivos que van desde una supuesta tentativa de magnicidio contra Maduro hasta corrupción. Algunos de los diputados señalados están presos, destaca Roberto Marrero, jefe de despacho de Guaidó.
Además, de acuerdo con Abrams, el Gobierno de Maduro está ofreciendo cantidades millonarias --"hasta 500.000 dólares por voto"-- a los diputados opositores para que retiren su apoyo a Guaidó este domingo. Los blancos principales serían 'chavistas' disidentes y los descontentos con el "presidente encargado", ya sea por su falta o exceso de contundencia.
En un contraataque, Guaidó promovió una reforma del reglamento de la Asamblea Nacional para que los más de 20 diputados exiliados puedan votar de forma virtual este 5 de enero, pero el Supremo la declaró nula abriendo el enésimo conflicto institucional. El "presidente encargado" ha pedido expresamente a la comunidad internacional que reconozca el resultado del voto presencial y virtual.
Oposición dividida. Los obstáculos de la oposición venezolana no están solo en el 'chavismo'. Las fisuras de larga data que Guaidó pareció sellar con su autoproclamación se han ido reabriendo por la frustración, tanto doméstica como internacional, que ha generado su falta de resultados en este año de mandato.
Guaidó consiguió inmediatamente el reconocimiento de más de 50 países, incluidos Estados Unidos, la mayoría de los latinoamericanos y numerosos europeos --también España--; formó un equipo de 'gobierno' y envió 'embajadores' allí donde se le había reconocido; y volvió a situar la crisis venezolana en el foco internacional.
Por contra, no logró que la ayuda humanitaria entrara en Venezuela; la 'Operación Liberación' con la que pretendía derrocar a Maduro se quedó en una mera tentativa --aunque obró la liberación del destacado opositor Leopoldo López, ahora "huésped" en la Embajada española en Caracas--; y protagonizó la cuarta negociación fallida en lo seis años transcurridos desde la muerte de Chávez.
El proceso de Oslo y Barbados, que transcurrió entre mayo y agosto, es el caballo de Troya al que los analistas culpan de la descomposición opositora. Las partes estuvieron a punto de firmar un acuerdo que contemplaba la salida de Guaidó y Maduro para dar paso a un gobierno de transición que guiara al país a nuevas elecciones y, entretanto, resolviera las crisis económica y humanitaria.
"Atacados por los elementos más conciliadores de la oposición por mantenerlos alejados de las negociaciones, (Guaidó y su equipo) también eran criticados por el ala más dura --representada en el Parlamento principalmente por un puñado de legisladores denominados Bloque Parlamentario 16 de Julio-- por el mero hecho de mantener negociaciones", apunta el International Crisis Group (ICG).
El diálogo descarriló por las sanciones estadounidenses y Maduro se centró entonces en "la mesita de noche", una negociación paralela con los partidos minoritarios de la oposición que fructificó en septiembre con un acuerdo para reanudar las conversaciones que incluía ya pactos concretos, como la liberación de presos políticos, la vuelta de los diputados 'chavistas' a la Asamblea Nacional y la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Maduro y sus nuevos socios han intentado persuadir a la oposición mayoritaria para que se siente a esta mesa de negociaciones, pero no lo han conseguido porque Guaidó ve en ello una vieja táctica para ganar tiempo. Lo cierto es que solo "mediante estos acuerdos paralelos el Gobierno explotó y exacerbó las divisiones dentro de la oposición", sostiene el 'think tank'.
La esperanza de 2020. Así las cosas, Guaidó encara este domingo su mayor examen hasta la fecha. "Si la oposición mayoritaria perdiera el control de la Asamblea Nacional, perdería su derecho a la presidencia (encargada) y la debilitaría considerablemente", hasta el punto de que "los 'chavistas' prevén que Guaidó probablemente tendría que exiliarse", comenta el ICG.
Incluso en el mejor escenario para el líder opositor, en el que sería reelegido, tiene por delante un camino tortuoso. En 2020, Venezuela debe celebrar elecciones parlamentarias y Maduro se ha mostrado seguro de que "recuperará" el Parlamento para el 'chavismo'. En caso contrario, "nada impediría al Gobierno volver a emplear su fórmula de los últimos años, aprovechando su control de los tribunales (...), para eludir una legislatura hostil", avisa el ICG.
Guaidó se ha mostrado consciente de que, aunque ha llevado al Gobierno de Maduro a "su momento más débil", no ha sido suficiente. "Toca hacer más", dijo al despedir 2019. Y, para ello, ha rogado a los opositores que renueven su confianza en él otro año más: "Solo pido que todos los que tenemos un mismo objetivo rememos juntos (...) Venezuela necesita de ustedes una vez más".
