Unas 230 personas decidieron abandonar sus hogares en una zona mayoritariamente indígena, donde habrían recibido amenazas.

El Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, también conocido como Defensor del Pueblo, Jorge de León, expresó su rechazo por la expulsión de un grupo de judíos ortodoxos de la población indígena de San Juan La Laguna, en el oeste del país, donde 230 personas provenientes de Estados Unidos, Israel, Rusia y el Reino Unido, además de 40 guatemaltecos, habrían sido amenazados por la comunidad.

De León emitió un comunicado, divulgado este sábado (30.08.2014), donde señala que la institución “rechaza las amenazas proferidas en contra de la comunidad judía y solicita a las autoridades competentes su pronta investigación. Lamenta que la comunidad judía se haya visto forzada a abandonar su domicilio” y también censuró la inacción de las autoridades locales, que no garantizaron la convivencia pacífica.

La comunidad ortodoxa decidió abandonar San Juan La Laguna.

La población indígena maya local acusa a los miembros del grupo ortodoxo judío Lev Tahor de discriminar a los vecinos, no comunicarse con ellos, enfrentarse con los turistas y de mostrar la intención de imponer su religión y sus costumbres en el lugar. El Consejo de Ancianos de la comunidad, luego de varias reuniones con representantes de los judíos, decidió finalmente pedirles que se marcharan del lugar.

Preservar la cultura. “Somos gente de paz y para evitar un incidente, hemos comenzado a marcharnos. Tenemos derecho a quedarnos, pero nos han amenazado con lincharnos si no nos vamos”, dijo el líder del grupo ortodoxo, Misael Santos. Muchos de los miembros de Lev Tahor llevaban varios años viviendo en el lugar, mientras que otros acababan de llegar desde Canadá, donde fueron acusados de maltrato físico y sicológico a menores.

Los miembros de Lev Tahor, por su parte, han acusado ser víctimas de insultos y amenazas de corte de electricidad y agua. La comunidad maya asegura que actúa en defensa propia, pues “la Constitución nos protege porque debemos conservar y preservar nuestra cultura”, dijo el portavoz del Consejo maya, Miguel Vásquez. La Procuraduría, en cambio, lo ve distinto. “Bajo ninguna justificación, sea ésta religiosa, política, ética o moral, persona alguna puede arrogarse el derecho de formular amenazas y expulsar extranjeros del territorio guatemalteco o decidir sobre su desplazamiento”, dijo la entidad.