Entre los militares que enfrentan proceso se encuentra Óscar Mejía Víctores, ex jefe de Estado entre 1983 a 1986, quien es sindicado de genocidio y deberes contra la humanidad.

El presidente electo, Otto Pérez Molina, se comprometió este domingo a no influir desde el Ejecutivo para beneficiar aquellos militares retirados o que se encuentran en activo dentro de la institución castrense y que están sujetos a procesos penales ante la justicia.

“Somos respetuosos de la ley y habrá total independencia de poderes”, expuso Pérez Molina ayer, después de haber recibido en la casa de campaña del Partido Patriota al presidente del Parlamento Centroamericano, Manolo Pichardo.

Pérez Molina aseguró que aquellos procesos que se ventilan en los distintos juzgados del país deben seguir su trámite normal y concluir hasta encontrar a los culpables o demostrar la inocencia de los acusados.

“La garantía que ofrecemos es que somos respetuosos de la ley y que se deben aplicar las normas para aquellos que habrían cometido algún delito. No es responsabilidad del presidente aplicar la justicia, no debe existir ninguna duda o preocupación, pues vamos a respetar los procesos penales”, expresó Pérez Molina, general retirado.

Entre los militares que enfrentan proceso se encuentra Óscar Mejía Víctores, ex jefe de Estado entre 1983 a 1986, quien es sindicado de genocidio y deberes contra la humanidad, por las masacres en Plan de Sánchez, Baja Verapaz, y en el Triángulo Ixil, Quiché.

Además, Héctor Mario López Fuentes, quien fue jefe del Estado Mayor de la Defensa durante la gestión de Mejía Víctores, es señalado de los mismos delitos por la masacre en el Triángulo Ixil y de haber ejecutado planes contrainsurgentes dirigidos a grupos guerrilleros que operaban en esa área.

Defiende a ministro. Pérez Molina salió en defensa de su próximo ministro de la Defensa, el coronel Ulises Noé Anzueto Girón, quien fue señalado por activistas de grupos sociales y por informes independientes de derechos humanos, de estar implicado en la desaparición forzada del guerrillero Efraín Bámaca, en 1992, en Retalhuleu.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado abrir el caso del desaparecido para que sea esclarecido.

El presidente electo afirmó que en la revisión de la hoja de vida de Anzueto no hay ningún problema legal pendiente y que sí hubo una denuncia en su contra, la cual tardó nueve años en resolverse, hasta que quedaron desestimados los señalamientos.

Esperan que cumpla. Aura Elena Farfán, de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala, recibió con beneplácito el compromiso asumido por el próximo gobernante del país.

“Espero que respete los procesos judiciales que han empezado; eso es una buena noticia y espero que cumpla. Ojalá que no tenga presiones para revertir este ofrecimiento”, dijo la activista de derechos humanos.

Farfán refirió que lo más importante es que se respete la independencia de poderes y se deje trabajar a los operadores de justicia.

De acuerdo con la activista, se debe seguir trabajando en el esclarecimiento de los hechos ocurridos durante el conflicto armado.

“Me alegro por el compromiso mostrado por Otto Pérez Molina y solo le pido que cumpla”, expresó Farfán.