"Ya le di instrucciones al secretario de la Paz (Antonio Arenales) para que ese documento no sea entregado ante la corte y, mientras eso no sea depositado, la reserva no puede entrar en vigencia", expresó el mandatario.
Guatemala. El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, suspendió el decreto por el que el Estado determinó que no reconocerá los fallos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sobre casos ocurridos antes de marzo de 1987, en medio de críticas que señalan que esa medida fomenta la impunidad.
"Ya le di instrucciones al secretario de la Paz (Antonio Arenales) para que ese documento no sea entregado ante la corte y, mientras eso no sea depositado, la reserva no puede entrar en vigencia", dijo el mandatario a los periodistas.
Por medio de un decreto oficial publicado en la gaceta del Gobierno y suscrito por Pérez Molina, el Estado de Guatemala, país que vivió una guerra interna entre 1960 y 1996, decidió no reconocer los fallos emitidos por la Corte IDH en casos ocurridos antes de marzo de 1987, apoyado en una "reserva" en vigor desde esa fecha.
El presidente explicó que convocará a las organizaciones locales de derechos humanos para discutir el tema y buscar consensos al respecto, para luego tomar las decisiones definitivas respecto a la reserva que ha intentado poner al mandato de la CorteIDH.
"Vamos a buscar ese diálogo con los grupos de derechos humanos y de ahí sacaremos las conclusiones, y sacaremos las decisiones que correspondan", precisó el gobernante.
Según Pérez Molina, el objetivo del decreto no es proteger a los exmilitares que son procesados por las violaciones a los derechos humanos cometidos en contra de la población civil durante la sangrienta guerra que padeció este país entre 1960 y 1996.
Lo que se busca, explicó, es evitar el pago de las millonarias compensaciones y resarcimientos económicos que en sus sentencias la CorteIDH ha ordenado al Estado guatemalteco a favor de las víctimas.
La CorteIDH, dijo, ha emitido "sentencias millonarias" en contra del Estado, las cuales son pagadas "con los impuestos de los guatemaltecos".
Lo que, según el presidente, debería corresponder en este tipo de casos, es que las víctimas de las violaciones a los derechos humanos sean beneficiadas "bajo el principio de igualdad" por el estatal Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), de acuerdo con los criterios del Gobierno y no por las disposiciones de un tribunal internacional.
"Tenemos un Programa Nacional de Resarcimiento que es el que debe funcionar para esto", por lo que de llegarse a un acuerdo en ese sentido, afirmó, "no tenemos ningún problema en suspender ese decreto".
La Procuraduría de los Derechos Humanos y otras organizaciones humanitarias que luchan contra la impunidad en Guatemala acusaron al Gobierno de pretender buscar "un punto y final" a las atrocidades cometidas por el Ejército durante la guerra.
Desde 1996 a la fecha, la CorteIDH, con sede en Costa Rica, ha condenado a Guatemala por 28 casos de violaciones a los derechos humanos, la mayoría ocurridos antes de 1987, en el contexto de la guerra interna que vivió el país.
Las últimas fueron dictadas en noviembre pasado por la desaparición forzada del líder estudiantil y sindical Edgar Fernando García, perpetrada el 18 de febrero de 1984 por un grupo de agentes de la desaparecida Policía Nacional.
Así como por el caso conocido como "Diario Militar", un documento elaborado entre agosto de 1983 y marzo de 1985 por una unidad de la Inteligencia Militar que contiene un registro de operativos represivos como secuestros, detenciones secretas y asesinatos e información sobre las víctimas de dichos operativos.
Por estos casos el Estado fue condenado al pago de millonarios resarcimientos a favor de los familiares de las víctimas.
