Los esfuerzos del gobierno de Guatemala por evitar ajustes con el pasado vuelven a llamar la atención. DW habló en Bruselas con Alberto Brunori, de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos en Guatemala.

A un año del fallo y posterior anulación de la sentencia a 80 años de prisión al general Ríos Montt por genocidio, el Congreso de Guatemala ha aprobado esta semana un punto resolutivo del Plan de Reconciliación Nacional que niega la existencia del genocidio de los años 80 contra la población maya ixil.

Según datos de Naciones Unidas, el 98% de los actos de terrorismo de Estado no han sido castigados. No obstante, en aras de la “consolidación de la paz y la armonía de los ciudadanos”, la mayoría conservadora del congreso llama a “olvidar el pasado”. En Bruselas, en el marco de un foro sobre derechos humanos, DW habló al respecto con Alberto Brunori, representante de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos en Guatemala.

- ¿Cómo se ve actualmente la situación de los derechos humanos en Guatemala, en especial la de los pueblos indígenas?

- La situación en Guatemala tiene múltiples aspectos. En el tema de la lucha contra la impunidad se han hecho unos avances enormes en el último período, incluyendo la justicia del pasado y del presente. La meta es no retroceder en los avances obtenidos.

Desde luego,también en el tema de pueblos indígenas han hecho bastantes avances. En términos de jurisprudencia, por ejemplo, se han incorporado los estándares internacionales de derechos humanos en la resolución de la Corte de Constitucionalidad en cuanto a la consulta previa (sobre medidas que afecten diretamente los derechos colectivos de los pueblos originarios). Sin embargo, esa consulta todavía no se da.

Digamos que se ven pequeños pasos, pero los problemas estructurales que son racismo y discriminación están lejos de ser superados.

- ¿En qué cambiaría esta situación si se empezase a ver la luz al final del túnel de la impunidad en Guatemala?

- Creo que se ha visto en estos tres años que cuando hay una fiscal general independiente y hay una coordinación con las fuerzas de policía y el Ministerio de gobernación, los casos avanzan, independientemente de a quién les lleguen. Eso de por sí es un mensaje fuerte y claro de cómo se puede transformar un país.

Claro que no se puede transformar sólo por la vía de la justicia, pero ciertamente daría fuerza a los que piensan que debe haber una justicia igual para todos. Y 'todos' incluye a los pueblos indígenas que lamentablemente muchas veces no tienen acceso al sistema de justicia.

- ¿Cuál ha sido la posición de Naciones Unidas frente a la anulación de la sentencia contra el general Ríos Montt, exactamente hace un año?

- La Alta Comisionada se ha pronunciado dos o tres veces al respecto. Es un caso emblemático, ha demostrado que puede haber justicia. La anulación y retrotraer el juicio a una fase precedente, si bien ha sido interpretado como un derecho de la defensa, afecta a los derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia.

- Existe en este momento en Guatemala un movimiento legislativo para declarar una amnistía general en aras de la reconciliación del país, y el congreso aprobó la negación del genocidio. ¿Usted qué opina?

- Los estándares internacionales no prevén amnistía en casos de lesa humanidad y menos aún en caso de genocidio. Guatemala tiene que hacer cuentas con su pasado, es indispensable para poder construir el futuro.

Las experiencias demuestran que ahí donde no hay justicia con respecto a los hechos del pasado es difícil construir un Estado de derecho.

- Según denuncian organizaciones de la sociedad civil, después del juicio ha habido acoso a los testigos en el juicio contra el general Ríos Montt. ¿La Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos en Guatemala ha previsto algo para proteger a los testigos?

- La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala sigue activa, es un cuerpo independiente de Naciones Unidas. Ellos han fortalecido la unidad de protección a testigos del Ministerio Público.

Se espera que con el cambio de fiscal general esa protección pueda seguir fortaleciéndose. De parte de la oficina del Alto Comisionado no tendríamos capacidad para entrar al tema de los testigos; es una cosa más especializada. Pero la Comisión contra la Impunidad tiene todavía hasta el 2015. Esperamos que en este año y medio los esfuerzos que se puedan realizar lleven a mejores resultados.