Así lo solicitó la administración del presidente Otto Pérez Molina a las misiones diplomáticas en la nación centroamericana ante el reciente fallo que condenó al ex dictador José Efraín Ríos Montt a 80 años de cárcel.

Guatemala, EFE. El gobierno de Guatemala agradeció este martes a la comunidad internacional su cooperación y apoyo al fortalecimiento del sistema de justicia de este país, pero le solicitó respeto a la institucionalidad pública.

En un comunicado publicado en la prensa local por el ministerio de Relaciones Exteriores, la administración del presidente Otto Pérez Molina solicita a las misiones diplomáticas continuar con el apoyo a los Acuerdos de Paz (firmados en 1996) en el marco del pleno respeto a la institucionalidad y al marco jurídico vigente.

"Lo anterior se debe ver reflejado en un actuar correspondiente a las costumbres y normativas diplomáticas aceptadas por los Estados y, en particular, en la no injerencia en asuntos nacionales y judiciales que se conocen, deliberan y resuelven con absoluta libertad, independencia y autonomía", refiere.

La cancillería, señala la publicación, invita a la comunidad internacional a adherirse y colaborar con las iniciativas institucionales y sociales que promuevan la reconciliación nacional plena basada en el Estado de Derecho, la verdad, la justicia transicional, el diálogo y la tolerancia".

El 10 de mayo, recuerda, el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo condenó al general (retirado) José Efraín Ríos Montt por delitos de genocidio y crímenes de guerra, y absolvió al también general (retirado) José Rodríguez por esas mismas acusaciones.

Según el abogado de Ríos Montt, quien gobernó de facto entre 1982 y 1983, Francisco García, y el poderoso comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), hubo presiones internacionales para condenar al ex jefe de Estado de facto a 80 años de prisión.

Ambos, sin embargo, no precisan qué país u organizaciones presionaron al sistema judicial para que emitiera la sentencia.

El mismo Ríos Montt dijo el pasado viernes que su condena era un "show político internacional".

Según el gobierno, el proceso judicial por sus implicaciones históricas, económicas, políticas y éticas, "refleja los avances que se han logrado en materia de fortalecimiento del sistema de justicia e independencia de este y otros poderes".

También, señala, demuestra la posibilidad de avanzar en la consolidación de la democracia, el respeto de los derechos humanos y la construcción de una cultura de paz.

La cancillería sostiene que el presidente guatemalteco "ha respetado la libertad, independencia y autonomía de las instituciones judiciales y respeta y acata sus conclusiones y resoluciones".

Guatemala asume la responsabilidad histórica de continuar construyendo una cultura de paz y reconciliación, protegiendo los derechos humanos, y "confiamos y esperamos de la comunidad internacional una actitud a favor de dichos enunciados", concluye el comunicado.