Aunque hay pena de cárcel para las empresas de seguridad privada que no cumplan con la ley, así como para los contratantes, 139 compañías registradas, que representan al 99 por ciento de los policías privados en el país, prestan servicios sin estar debidamente legalizadas.

La jefa de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (Digessp), del Ministerio de Gobernación, Patricia Monge, reconoce que solo 400 agentes de 48 mil 240 guardias tienen actualmente certificado para trabajar como custodios.

Los 47 mil 840 guardias sin certificado se encuentran en empresas registradas antes de la aprobación de la normativa vigente, llamada Ley que regula los servicios de seguridad privada, pero que a la fecha operan al margen de la legalidad, pues no han llenado todos los requisitos establecidos.

Ese decreto, con número 52-2010, fue emitido por el Congreso el 23 de noviembre del 2010, en sustitución de la Ley de los cuerpos de las entidades bancarias, estatales y privadas, de 1979.

El artículo 66 de la citada ley, ordena prisión para quienes prestan el servicio sin autorización, y para el contratante, si este sabe que es una empresa no autorizada. La normativa dicta penas de seis a 12 años y multa de Q100 mil.

Al incumplimiento de la ley por parte de la mayoría de empresas de seguridad se agrega un subregistro de empresas que operan de manera ilegal, cuya cantidad, según Monge, es difícil de calcular.

Sin embargo, el Informe de Desarrollo Humano estima que hay de 30 mil a 40 mil guardias privados clandestinos.

Plazo final. El 29 de agosto del 2012 concluyó el período establecido por la ley 52-2010 para que las empresas se readecuaran, presentaran su papelería y enviaran a sus agentes a recibir cursos de capacitación.

A la fecha, de acuerdo con Monge, son muy pocas las empresas que tienen concluidas las fases que regula la normativa, además de que solo 400 custodios han recibido la certificación extendida por Digessp, un número en extremo bajo, en relación con los 48 mil 240 guardias registrados en la Dirección.

Consultado al respecto, el diputado Mario Guzmán, integrante de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional y de Inteligencia del Congreso, afirma que al concluir el plazo el 29 de agosto del 2012 para que las empresas entregaran papelería, técnicamente serían ilegales.

“Están fuera de la ley, deshabilitadas, pues no cumplen con los requerimientos legales y una interpretación es que no están correctamente constituidas”, menciona.

Explica que en el Congreso se ha analizado una prórroga, pero aún no se propone formalmente.

Rodolfo Muñoz, capitán retirado y presidente de la Cámara de Empresas de Seguridad Privada, que aglutina a 42 compañías, justifica que algunos no hayan cumplido con todos los requisitos, debido al oneroso pago de licencias que exige el reglamento de la citada ley.

“El problema es que no hay una definición y se sacaron de la manga que hay que comprar 10 licencias de Q40 mil para tres años, y hemos estado en una disyuntiva”, menciona.

Afirma que la mayoría de empresas sí cumplió con lo establecido por la normativa 52-2010, por lo cual no debieran hacer ningún otro pago.

“Nosotros estamos en ley. Quienes no están en ley son las autoridades”, explica.

A esto se une que la Digessp no ha puesto plazo para que las empresas concluyan con la entrega de papelería, a lo cual Monge llama proceso de “readecuación”.

Peligro. La Dirección General de Control de Armas y Municiones refiere que hay 49 mil armas registradas a nombre de empresas de seguridad privada.

A ese número le corresponden 24 mil escopetas, 18 mil revólveres y siete mil pistolas tipo escuadra.

Según han denunciado organizaciones de derechos humanos, empresas no autorizadas exponen a la ciudadanía, pues su personal no está calificado para el uso de armas, no tienen estudio de su perfil psicológico y están sometidos a horarios extensos, en condiciones a menudo deplorables.

Una prueba de ello es el crimen contra la historiadora Patricia Samayoa Méndez, de 59 años, coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer en Ciudad y Género, quien el 3 de julio pasado fue ultimada por el guardia privado Mynor David Guevara, 35.

El hecho desató de nuevo cuestionamientos hacia la capacidad de Gobernación para regir a las empresas de seguridad privada.

Luego del hecho, la Digessp hizo público que la empresa Shield Security, para la cual labora el custodio, tiene sanciones, y aun así opera.

Además, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que la empresa, constituida en el 2007, ha tenido denuncias del robo de 280 armas de fuego.

Pero no solo esa compañía ha perdido armamento, las autoridades reportan que en el primer semestre de este año fueron robadas 215 escopetas, la mayoría a empresas de seguridad privada, en algunos casos tras haber matado al guardia.

Diversos criterios. Édgar Trujillo, general retirado y presidente de la Gremial de Empresas de Seguridad, al referirse al caso de Guevara, comenta: “Fue un hecho lamentable; es un caso aislado, porque no es la norma ni la doctrina. Somos proveedores de seguridad”.

La gremial tiene 91 empresas afiliadas, de acuerdo con Trujillo, y aunque Shield Security es una de las integrantes, refiere que cada compañía es “responsable” del entrenamiento de su personal.

“A los guardias siempre se les dice que no mantengan cartucho en recámara, y cuando no siguen los protocolos, ocurren accidentes como este”, dice Muñoz al respecto.

Lorena Escobar, analista en temas de seguridad de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, señala que no todas las empresas invierten en capacitación o entrenamiento.

“En el caso del guardia -Guevara-, entró en pánico, y parece que no fue bien entrenado y tuvo una capacitación débil. En este caso, la ley hace responsable de manera penal a la empresa”, afirma Escobar.

Recalca que no todas las empresas tienen criterios de selección de personal, pues solo les preocupa que sepan usar el arma y tengan la licencia de portación, con lo que dan por sentado que el agente tiene habilidades y capacidades”.