Las protestas, previstas por tres días, busca además detener dos iniciativas del Congreso: una que quiere darle potestades al legislativo sobre los desafueros y otra para permitir a los casi 80 diputados tránsfugas del oficialismo adherirse a un nuevo partido político.

Ciudad de Guatemala. Cientos de campesinos, indígenas y miembros de movimientos sociales de Guatemala iniciaron este lunes una protesta de tres días para exigir al gobierno de Jimmy Morales la renovación de la misión anticorrupción de la ONU, en las primeras manifestaciones de alcance nacional por la medida.

Las protestas, que empezaron con el bloqueo de una importante carretera en el oeste del país, se extenderán a la capital del país con la participación de estudiantes universitarios.

Los manifestantes también buscan detener dos iniciativas en el Congreso: una que quiere darle potestades al legislativo -dominado por los aliados del presidente Morales - sobre los desafueros y otra que busca permitir a los casi 80 diputados tránsfugas del oficialismo adherirse a un nuevo partido político para las elecciones del próximo año.

En el departamento occidental de Sololá, con la autóctona marimba sonando de fondo, cientos de indígenas bloqueaban la carretera interamericana portando sombrillas para protegerse del sol y carteles con consignas como: "Jimmy afuera, la cárcel te espera" y "Corrupción no, CICIG se queda", en referencia a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

"Creemos que el liderazgo del comisionado Velásquez es importante para la lucha contra la corrupción. Le pedimos al presidente que no escuche a sus asesores", dijo a Reuters Josué Chavajay, miembro de un grupo indígena que protestaba en Sololá. "Guatemala ya cambió, ya no es la misma de hace tres años".

Días atrás, Morales anunció el fin del mandato de la CICIG, en septiembre de 2019, y prohibió el ingreso al país de su comisionado, el colombiano Iván Velásquez, quien estaba de viaje de trabajo en Estados Unidos, acusándolo de atentar contra el orden y la seguridad pública.

La CICIG fue clave en la victoria de Morales en 2015, después de que sus investigaciones llevaron a la renuncia de su predecesor, Otto Pérez Molina, quien está en prisión acusado de dirigir una mafia aduanera y malversar fondos públicos.

Pero en enero del año pasado, la Fiscalía y la CICIG acusaron al hermano y a uno de los hijos de Morales de participar en un fraude, lo que dañó sensiblemente la popularidad del mandatario, un exactor y productor de televisión que ganó las elecciones bajo su lema "ni corrupto ni ladrón".

Estas son las primeras grandes manifestaciones contra Morales, el Congreso y su Gobierno desde que anunciara a fines de agosto el fin de la CICIG y el veto a su comisionado.

Las dos medidas han sido duramente criticadas por varios sectores nacionales e internacionales por considerarlas como un paso atrás en la lucha contra la corrupción, una ruptura del orden constitucional y un conflicto de intereses.

Sin embargo, el gobierno de Morales le pidió al secretario general de la ONU, António Guterres, no exceder sus funciones ni intervenir en las decisiones del país. Además, los 22 gobernadores departamentales instaron a las diferentes instituciones del Gobierno a solidarizarse y apoyar a Morales y pidieron a la CICIG rendir cuentas.