Supervivientes y familiares de las víctimas del genocidio y la represión militar durante los meses que Ríos Montt gobernó de facto, encabezaron la multitudinaria marcha en la que acusaron de "promotores de la impunidad" a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Guatemala, EFE. Miles de guatemaltecos marcharon este viernes en la capital del país para repudiar la anulación de la sentencia a 80 años de prisión por genocidio en contra del ex dictador José Efraín Ríos Montt, mientras que el proceso judicial se estancó al desintegrarse la Sala de Apelaciones que debe conocer el caso.

Supervivientes y familiares de las víctimas del genocidio y la represión militar durante los meses que Ríos Montt gobernó de facto Guatemala, entre marzo de 1982 y agosto de 1983, encabezaron la multitudinaria marcha en la que acusaron de "promotores de la impunidad" a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Tres de los cinco magistrados de ese alto tribunal fallaron el pasado lunes una resolución en la que anularon la condena de 80 años que el pasado 10 de mayo emitió un tribunal en contra de Ríos Montt por genocidio y delitos de lesa humanidad cometidos durante su mandato.

Los magistrados "defienden la impunidad y atentan contra la Constitución al anular una sentencia que estaba apegada a la ley", dijo a Efe Pedro Tul, uno de los líderes comunitarios de Nebaj, una de las poblaciones donde se registró el genocidio en contra de los indígenas ixiles.

Los manifestantes, unos 6.000 según los organizadores, tras recorrer las sedes del poderoso Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, cuyos directivos exigieron en su momento la anulación de la sentencia, realizaron un plantón en las afuera de la CC, donde exigieron a los magistrados dar marcha atrás en su resolución.

Manifestaciones similares fueron convocadas para este viernes en las capitales de Argentina, México, Perú, Honduras y Nicaragua, en solidaridad con los indígenas ixiles de Guatemala que fueron víctimas del genocidio.

Por otra parte, la Sala de Apelaciones que fue integrada el jueves con tres magistrados suplentes para que conocieran el fallo de la CC, que ordenó regresar el juicio a como se encontraba el 19 de abril pasado, se desintegró este viernes luego de que uno de sus miembros se inhibiera tras ser recusado por los querellantes.

El magistrado Juan José Rodas Martínez se unió a los 59 jueces que en los últimos tres días se excusaron de integrar la Sala de Apelaciones, por diversos motivos.

A primera hora de hoy los abogados del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos y de la Asociación Justicia y Reconciliación, que actúan como querellantes dentro del proceso, recusaron a Rodas Martínez, y al magistrado Frank Martínez Ruiz.

Según los querellantes, los magistrados recusados "no pueden conocer el caso" debido a que "existen impedimentos legales" para ello.

Rodas Martínez, argumentaron, "tiene una relación de afinidad con Ríos Montt", porque durante su Gobierno de facto, entre marzo de 1982 y agosto de 1983, fue embajador de Guatemala en Uruguay.

Mientras que Martínez Ruiz, como integrante de la Sala Primera de Apelaciones ya conoció el caso en una oportunidad anterior y "se pronunció de forma contraria, por lo que debió inhibirse esta vez de integrar la Sala".

La CC ordenó que una Sala de Apelaciones conozca una recusación presentada por el abogado Francisco García Gudiel, defensor de Ríos Montt, en contra de dos de los tres jueces que integran el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, el cual condenó al anciano general de 86 años.

Tras la desintegración de la Sala, el proceso entra en un limbo legal debido a que la orden de la CC debía cumplirse en las próximas 48 horas, plazo que venció esta mañana.

Mientras tanto, la CC deberá resolver en las próximas horas los recursos de revisión y amparo que en contra de su propio fallo del pasado lunes presentaron la Fiscalía y los querellantes, con el objetivo de revertir la anulación del juicio.

Ríos Montt fue encontrado culpable de la muerte de 1.771 indígenas ixiles en el departamento noroccidental de Quiché entre 1982 y 1983, cuando gobernó de facto Guatemala tras encabezar un golpe de Estado militar.

En el mismo juicio, el antiguo director de Inteligencia Militar, el general retirado José Rodríguez, fue absuelto.

Sin embargo, la resolución de la CC también anuló el fallo que favoreció a este militar retirado.