Los cárteles mexicanos, asociados con pandillas locales, controlan cerca del 40% del territorio de Guatemala, según expertos militares estadounidenses, lo que representa un importante reto tanto para el nuevo presidente que será electo en noviembre, así como para México y Estados Unidos.

Coban, Guatemala. Quince años después de que terminara la brutal guerra civil de Guatemala, que llevó a miles de sus habitantes a huir a México, en la frontera entre los dos países volvieron a aparecer campamentos de refugiados.

Pero en estos días los refugiados huyen de otro tipo de conflicto: la ocupación de grandes partes de Guatemala por parte de narcotraficantes.

Los cárteles mexicanos, asociados con pandillas locales, controlan cerca del 40% del territorio de Guatemala, según expertos militares estadounidenses, lo que representa un importante reto tanto para el nuevo presidente que será electo en noviembre, así como para México y Estados Unidos.

Los dos candidatos favoritos de cara a la elección, un ex general y un diputado, han dicho que reforzarán a las fuerzas de seguridad para retomar el control del territorio, aunque algunos temen que el problema ya esté fuera de control.

"Estos espacios abandonados por el Estado, donde no hay servicios públicos, están siendo tomados por los capos", dijo Francisco Dall'Anese, jefe del Cigic, un organismo de Naciones Unidas sobre la corrupción en Guatemala.

La situación es más grave en las selváticas regiones norteñas del país, Petén y Alta Verapaz. En mayo, el cártel mexicano de los Zetas decapitó a 27 agricultores en un rancho de Petén, en medio de una disputa con el propietario.

"Las víctimas de la masacre eran campesinos pobres que no tenían nada que ver con los hechos", dijo a Reuters una fuente cercana a la investigación.

No se conocen más detalles del caso dado que el fiscal encargado del mismo fue asesinado y su cuerpo descuartizado y arrojado en un lugar público.

El gobierno impuso un estado de sitio en Petén y Alta Verapaz este año, lo que implicó la suspensión de derechos como el de reunión. Fue aplicado un toque de queda, mientras el Ejército realizaba operativos contra los narcos.

Las restricciones más fuertes fueron levantadas posteriormente, pero los soldados siguen patrullando ambas regiones.

Recuerdos de la guerra civil. A grupos de derechos humanos les preocupa que los despliegues militares traigan de nuevo prácticas de la época de la guerra civil que se extendió entre 1960 y 1996, y en la que murió casi un cuarto de millón de personas.

Muchas de las víctimas de esa guerra fueron pobladores mayas que fallecieron a manos del Ejército en pueblos donde había sospechosos de simpatizar con las guerrillas izquierdistas. Decenas de miles escaparon hacia México.

En septiembre, 91 familias pasaron la frontera hacia México luego de que el gobierno los expulsó de tierras que ocupaban ilegalmente en áreas naturales protegidas de Petén.

Personal del gobierno dijo que las familias, provenientes de Nueva Esperanza a muy poca distancia de la frontera con México, son pagadas por los narcotraficantes y que han sido expulsados del parque nacional cuatro veces desde el 2007.

Las familias niegan esas acusaciones y dicen que se establecieron en esas tierras para sembrar maíz y frijoles. Ahora viven en tiendas donadas por la Cruz Roja y tienen problemas para encontrar alimentos y agua potable en México.

"Si fuéramos lo que dicen que somos, no viviéramos en estas condiciones de extrema pobreza", dijo Henry Gabriel, uno de los desplazados de Nueva Esperanza.

Algunas familias ya regresaron, pero unas 200 personas siguen esperando un acuerdo para poder volver a casa.

A muchos les preocupa volver a quedar en medio de la pelea por la región entre los narcotraficantes y el Ejército.

Pero en otras regiones, como la zona cafetalera alrededor de Cobán, les han dado la bienvenida a los soldados.

"El estado de sitio debería ser siempre, para que la delincuencia se pare", dijo Edwin Caal, un empacador de carne de Cobán, mientras veía a decenas de policías y soldados rodeando una casa donde se encontró un cargamento de cocaína.

Funcionarios dicen que el crimen ha bajado desde la llegada de los militares, pero residentes afirman que los criminales se han ocultado.

Irma Tzi, una periodista de la zona, comentó que "tenían carros de lujo, mucho dinero. Tenían sus bares y sus mujeres. La gente sabía quiénes eran los narcos aquí. Ahora son más discretos".

Seria amenaza. Los cárteles han invertido en construir carreteras, puentes y pistas de aterrizaje aquí y en otras regiones aisladas de Centroamérica, por donde pasa el 95% de la cocaína sudamericana en ruta hacia México y luego a Estados Unidos.

En mayo arrojaron panfletos en Cobán y enviaron mensajes telefónicos alertando a los residentes a que no acudieran a algunos eventos públicos, dijo Rudy Ortiz, el comandante militar de la región.

Los militares dicen que actualmente están en inferioridad de condiciones frente a los cárteles luego de que los acuerdos de paz de 1996 redujeron sus fuerzas, y Ortiz comentó que su trabajo es aún más difícil dado que los Zetas atraen a ex compañeros de armas.

Los Zetas fueron formados por desertores de una unidad élite del ejército mexicano y buscan reclutar a otros militares.

Muchos guatemaltecos quieren que se endurezcan las políticas en contra de los criminales.

El candidato que lidera las preferencias de cara a la elección de noviembre es el general retirado Otto Pérez, quien encabezó las unidades de inteligencia militares de Guatemala. Su lema es "mano dura" y propone aumentar el Ejército.

"Tenemos 962 kilómetros de frontera con México que tiene una gran porosidad, que es donde entran las armas, los dólares y sale el narcotráfico (...), por eso yo hablaba de 2.500 efectivos más", dijo Pérez antes de la primera vuelta electoral del mes pasado, donde obtuvo el 36% de los votos.

Su principal rival, Manuel Baldizón, es de Petén, y quiere crear una nueva Guardia Nacional.

México ya ha desplegado a militares para enfrentar a los cárteles del narcotráfico.

Pero esa estrategia ha sido puesta en duda luego de que la violencia del narcotráfico ha dejado más de 42.000 muertos en México en los últimos cinco años. Y un Estado débil, como el de Guatemala, podría enfrentar aún más problemas.

"En crisis, los políticos recurren a soluciones que suenan duras, pero que al final resultan poco efectivas", opinó Eric Olson, del Woodrow Wilson Center de Washington. "La situación en Guatemala es mucho peor que la de México en casi todos los aspectos", agregó.