El pasado miércoles un oficial de la Policía Nacional murió al recibir de manos de un delincuente un balazo en la cabeza en la capital peruana, hecho que refleja la peligrosidad que ha adquirido la lucha contra el crimen en este país.
Lima. La guerra contra la criminalidad que lleva a cabo el gobierno del presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, busca el apoyo de los jueces y fiscales para condenar a los delincuentes capturados.
El pasado miércoles un oficial de la Policía Nacional murió al recibir de manos de un delincuente un balazo en la cabeza en la capital peruana, hecho que refleja la peligrosidad que ha adquirido la lucha contra el crimen en este país.
"La sanción lamentablemente, es hasta 35 años. Yo propuse en la campaña, y hasta ahora no me han aceptado, que sean penas acumulativas", dijo el presidente peruano durante las honras fúnebres del mayor Felipe Andrade, de 52 años de edad, muerto por un delincuente de 29 años en medio de una persecución.
De acuerdo con las investigaciones, el criminal, identificado como Paul Andrés Sinchi, forcejeó con al agente en una lucha cuerpo a cuerpo y, presuntamente, le arrebató el arma y le disparó a quemarropa en la cabeza.
El mandatario peruano subrayó la necesidad de que se endurezcan las penas en contra de los criminales con historial de delitos.
Al respecto, el analista Luis Davelouis precisó que el Estado de derecho en Perú tiene que ser fortalecido, ya que da la impresión de ser muy precario por las brechas o vacíos legales, por donde se filtran los criminales.
"Esto es resultado del ahuecamiento del Estado, entendido como que no puede controlar su propio territorio", subrayó el investigador al analizar los vacíos legales existentes en las leyes anticrimen.
Sostuvo que la situación de la criminalidad en este país es insostenible y presenta altos índices, sólo comparables con países donde los hechos delictivos han superado la capacidad de represión de sus autoridades.
Davelouis también indicó que los puntos de alta criminalidad se relacionan con regiones donde se enfoca la actividad del narcotráfico como el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), donde operan organizaciones dedicadas al cultivo de coca y al procesamiento de cocaína.
Subrayó que esta región, conocida por su actividad cocalera, es el centro del tráfico de drogas en el país y financia las actividades ilegales que se encuentran relacionadas con el sicariato, el lavado de activos y la prostitución.
El crimen organizado sin embargo no es la única fuente de criminalidad que azota a las principales ciudades del país, ya que otras formas de violencia coexisten y tienen otras causas.
Un hecho violento que motivó la preocupación de la sociedad peruana fue la "Masacre de Independencia", llamada así porque ocurrió el pasado 17 de febrero en el distrito de mismo nombre, ubicado en la zona norte de la capital peruana.
En esta balacera, un ex agente de la Armada dedicado a la venta de comida ambulatoria, cometió un asesinato colectivo al masacrar a cinco personas y dejó a una decena de personas heridas, la mayoría de sus víctimas mortales fueron mujeres jóvenes.
De acuerdo con las investigaciones policiales, el homicida múltiple, identificado como Eduardo Glicerio Romero, de 32 años, sirvió en este cuerpo militar por un periodo de dos años y era un experto en el manejo de armas de fuego.
Las indagaciones sobre el pasado de este sujeto, además, mostraron que era un aficionado al motociclismo, tenía tatuajes con mensajes satánicos y era un coleccionista fanático de armas, con los cuales les gustaba tomarse fotografías.
El asesino explotó en ira después de que fue desalojado de su puesto de venta por fiscalizadores del municipio donde ocurrieron los hechos, precisamente la primera víctima de esta matanza fue uno de los agentes fiscalizadores.
La ola de violencia que impera en las calles de Lima y las principales ciudades de este país también está relacionada a las extorsiones, secuestros, robos, estafas, invasiones de terrenos y asaltos a mano armada.
Ante esta situación, no faltan los pedidos de la ciudadanía de que las fuerzas armadas salgan a las calles para preservar la seguridad pública, pero las autoridades peruanas consideran que no se debe militarizar la lucha contra el crimen.
De acuerdo con la Policía Nacional de Perú, la criminalidad no sólo ha cobrado la vida de ciudadanos, sino que durante los pasados ocho meses 24 agentes policiales fueron asesinados en el cumplimiento de su deber.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas, el 29,8 por ciento de los peruanos fueron víctimas el año pasado de algún tipo de delito.
