El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) concluyeron esta semana en Cuba una histórica negociación de casi cuatro años para poner fin al conflicto armado más extenso de América Latina, que ha dejado 220.000 muertos y millones de desplazados.

Bogotá. El máximo comandante de la guerrilla colombiana de las FARC ordenó el domingo a todos sus combatientes suspender las acciones ofensivas contra la población civil y las Fuerzas Armadas, una decisión que marca el fin del conflicto armado y el inicio oficial del cese al bilateral firmado con el Gobierno.

La orden de Rodrigo Londoño, alias "Timochenko", el número uno de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se produjo después que el grupo rebelde concluyó en Cuba una histórica negociación de casi cuatro años con el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos para acabar la confrontación que ha dejado 220.000 muertos en más de medio siglo.

"En mi condición de Comandante del Estado Mayor Central de las FARC-EP, ordenó a todos nuestros mandos, a todas nuestras unidades, a todos y cada de nuestros y nuestras combatientes, a cesar el fuego y las hostilidades, de manera definitiva, contra el Estado colombiano, a partir de las 24:00 horas de la noche de hoy", dijo Londoño al leer un comunicado desde La Habana.

Previamente, el presidente Santos también había ordenado a las Fuerzas Militares cesar las acciones ofensivas contra las FARC a partir del primer minuto del lunes, oficializando un acuerdo sobre el cese bilateral y definitivo al fuego que las partes firmaron el 23 de junio.

"Las rivalidades y rencores deben quedarse en el pasado. Hoy, más que nunca, lamentamos tanta muerte y dolor ocasionados por la guerra. Hoy, más que nunca, queremos abrazarlos como compatriotas, y comenzar a trabajar unidos por la nueva Colombia", afirmó Londoño. "Se acabó la guerra. Convivamos como hermanos y hermanas".

Los pactos, que deberán ser validados en un plebiscito el 2 de octubre, establecen que unos 7.000 combatientes del mayor grupo guerrillero del país deberán iniciar su proceso de reintegración a la vida civil saliendo de sus campamentos en medio de selvas y montañas para concentrarse en áreas especiales y entregar las armas a las Naciones Unidas.

El Gobierno necesita que se aprueben en las urnas los acuerdos de paz para proceder a su implementación.

De acuerdo con la autoridad electoral, se requieren unos 4,5 millones de votos a favor del "Sí" para que los acuerdos reciban el respaldo popular o una votación similar por el "No" para que sean rechazados. Ganará la opción que más votos obtenga por encima de ese umbral.

El acuerdo incluye temas como el acceso a la tierra para los campesinos pobres, garantías para la participación en política de los guerrilleros desmovilizados, lucha contra el narcotráfico y desminado, entre otros.