Magistrado Gerardo Arenas le otorgó medidas cautelares, en medio de la demanda de nulidad. Dijo que hubo vicio por falta de competencia y falta de argumentación sobre la gravedad de la falta.
Gustavo Petro ganó una nueva batalla en su lucha por permanecer al frente de la Alcaldía de Bogotá. Ayer el Consejo de Estado, en auto firmado por el magistrado Gerardo Arenas, decretó medidas cautelares a su favor y suspendió provisionalmente el fallo disciplinario de la Procuraduría General, que lo destituye e inhabilita por 15 años para ejercer cargos públicos. La suspensión se mantendrá, al menos hasta que este Alto Tribunal resuelva de fondo la demanda de nulidad que Petro presentó contra el fallo disciplinario.
En la decisión, el magistrado reiteró la tesis expuesta en su salvamento de voto frente en la sentencia de tutela del pasado 5 de marzo, en la que la Sala Plena del mismo Consejo de Estado negó al alcalde Petro la protección de sus derechos al debido proceso, honra y buen nombre. En esa oportunidad, el magistrado dijo que el proceso disciplinario le correspondía al Procurador General y no de la sala disciplinaria, “por lo que se configuraba un vicio por falta de competencia”.
Sin embargo, el auto va más allá. El magistrado también analizó la posible violación del debido proceso y dijo que la Procuraduría le imputó al alcalde faltas disciplinarias a título de dolo y culpa gravísima, sin tener motivación razonable, suficiencia argumentativa ni probatoria. “En este orden de ideas, en el fallo disciplinario impugnado no está acreditado que el Alcalde haya actuado con la intención de transgredir el ordenamiento jurídico. A ello debe agregarse que, si bien se demostraron hechos que pueden evidenciar una violación a sus deberes, para fijar la sanción debieron tenerse en cuenta los criterios que la ley ha señalado para determinar la gravedad de la falta, aspecto que se echa de menos en el acto sancionatorio. Esto vulnera el debido proceso administrativo por desconocimiento del principio de proporcionalidad”.
Lo que sigue. A pesar de la decisión, a la Procuraduría le queda una carta: presentar el recurso de súplica, pidiendo que se revoquen las medidas cautelares. Esta solicitud la debe hacer ante la sección a la que pertenece el magistrado Arenas Monsalve, para que sus dos compañeros de sala revisen la decisión. Esta tarea le corresponderá a la magistrada Bertha Lucía Ramírez de Páez y al magistrado Gustavo Gómez Aranguren.
Una vez ellos reciban el recurso, notificarán a los abogados del alcalde Petro, para que se pronuncien y a partir de ese momento, tendrán hasta 20 días hábiles para confirmar o revocar las medidas cautelares. Sin embargo, fuentes del Consejo de Estado, señalaron que lo más probable es que las medidas cautelares se mantendrán hasta que se falle de fondo la demanda de nulidad.
Y es algo previsible si se tiene en cuenta que tanto Ramírez De Páez como Gómez Aranguren salvaron su voto bajo los mismos argumentos del magistrado Gerardo Arenas. Los tres coincidieron en que la destitución de Petro violaba el debido proceso, porque debió haber sido el procurador Alejandro Ordóñez y no la sala Disciplinaria, el encargado del proceso disciplinario.
Haciendo cuentas, el primer escenario que se descarta en todo el novelón de Petro, es el de las elecciones atípicas en Bogotá. Para que esto ocurra, el alcalde tendría que quedar por fuera del cargo antes del 30 de junio y como están las cosas, la decisión definitiva alrededor de las medidas cautelares no se conocerían antes de esa fecha. Por esto, pase lo que pase, lo que es seguro es que un miembro de los Progresistas terminará al frente de la Alcaldía.
Sin embargo, el proceso que resucita es el de la revocatoria del mandato, que quedó suspendido a mediados de marzo cuando el presidente Santos hizo efectiva la destitución. Ahora, según la Registraduría, tan pronto el registrador Carlos Ariel Sánchez conozca la decisión de las medidas cautelares, se contarán 60 días para adelantar el proceso de revocatoria en contra del alcalde Gustavo Petro. Este proceso, que ha sido suspendido dos veces, cuenta con una asignación presupuestal de $35.000 millones (US$18,2 millones).
Si todo sale como se prevé en el Consejo de Estado, el alcalde Gustavo Petro podría terminar este año al frente de la Alcaldía de Bogotá, ya que “estos procesos de nulidad son más estables y ahora no son tan demorados. Por ejemplo, en el caso del exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, la decisión se tomó en poco tiempo. Todo depende del impulso que le dé el magistrado sustanciador. Mientras se discute el caso, las medidas cautelares permanecerán a favor del alcalde”, dijeron en el Consejo de Estado.
Bajo este escenario, por ahora poco importa lo que ocurra en segunda instancia con el fallo de Tutela del Tribunal Superior de Bogotá, que reintegró a Petro al cargo y que se discute en la sala civil de la Corte Suprema. Lo único que por ahora lo podría sacar del cargo es el proceso de revocatoria. Sin embargo, los antecedentes demuestran que históricamente desde que está en uso esta figura, ningún alcalde del país ha sido revocado en las urnas.
Frente a la decisión, Susana Muhamad, secretaria general de la Alcaldía Mayor, señaló que es importante, porque demuestra una alineación entre la justicia interna y la internacional. “El Consejo de Estado decide dar medidas cautelares al igual que lo hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque reconoce que es un proceso complejo que tiene implicaciones graves y que necesita ser estudiado con cuidado, y fallado a fondo, sin que estas implicaciones vulneren derechos ciudadanos y políticos”.
Por ahora, lo único claro en todo el caso Petro, es que el mandatario Distrital le va ganando el pulso al Procurador General en su esfuerzo por no dejarse sacar del cargo para el que fue electo en 2011 y que aspira entregar en diciembre de 2015.
