El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro denunció que existen fotografías que muestran la posible manipulación de 19 de los 22 cadáveres que quedaron en el lugar de los hechos ocurridos en 2014.

Ciudad de México. Un organismo de derechos humanos en México dijo el viernes que encontró serias fallas en las investigaciones hechas para esclarecer un caso de ejecución extrajudicial ocurrido en 2014 que llevó a la detención de varios soldados y su posterior liberación.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, conocido como el Centro Prodh, denunció que existen fotografías que muestran la posible manipulación de 19 de los 22 cadáveres que quedaron en el lugar de los hechos, así como la dilación de la fiscalía para esclarecer cuántas personas fueron ejecutadas.

El organismo, que representa a una de los tres sobrevivientes cuya hija fue asesinada junto con otras 21 personas en una bodega del municipio de Tlatlaya (Estado de México), dijo que estas inconsistencias podrían dejar impune el caso.

"Es muy grave que haya una total inacción y omisiones para investigar ... Tenemos claro que hubo una alternación de la escena (del crimen)", dijo a Reuters Gabriela Carreón, una de las abogadas de la organización.

El Prodh denunció discrepancias entre las investigaciones del Ejército y las de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre ellas diferencias en la posición en las que fueron hallados los cadáveres en la escena, así como presencia de armamento aparentemente colocado luego de los asesinatos.

El Ejército no respondió el viernes de inmediato a solicitudes de Reuters para conocer su postura.

El año pasado, un juzgado militar absolvió a seis de los siete soldados involucrados presuntamente en el asesinato de las 22 personas.

Las autoridades mexicanas dijeron en su momento que las personas fallecidas pertenecían presuntamente a bandas de narcotraficantes y que las fuerzas armadas actuaron en defensa propia.

Meses más tarde, medios extranjeros reportaron que había evidencia de que se produjeron ejecuciones extrajudiciales, una versión que después fue ratificada por la CNDH.