En 36 meses, el actual gobierno no ha logrado mejorar las condiciones de seguridad prometidas al pueblo hondureño. La política educativa no ha dado resultados y los servicios de salud a la población siguen siendo deficientes.

En medio de una enorme deuda con los hondureños llega a su cuarto y último año de gobierno el presidente Porfirio Lobo luego de haber asumido la Presidencia de la República el 27 de enero de 2010.

El gobierno nacionalista comienza la recta final (últimos 12 meses) con más promesas incumplidas que con respuestas a las grandes mayorías que todavía esperan trabajo, salud, educación y seguridad, esenciales para reducir los índices de pobreza.

Todo indica que durante 36 meses los esfuerzos de la gestión Lobo han sido insuficientes para mejorar las expectativas de los hondureños que resienten a diario la falta de oportunidades de empleo, los índices de violencia, la carencia de medicamentos en los hospitales, el cierre de las aulas de clases y el encarecimiento de la canasta básica.

Los problemas de la corrupción, la confrontación entre poderes y el descalabro de las finanzas del Estado son elementos que sobresalen en el comienzo del último año de gobierno de la actual administración.

El colapso de las finanzas públicas, incluso, impidió en diciembre del año anterior la aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República que por primera vez en el actual gobierno fue pospuesto para enero.

Gestión. Lobo llegó a la Presidencia de Honduras en enero de 2010 en medio de una profunda crisis política suscitada en junio de 2009 a raíz de la destitución de Manuel Zelaya por violar la Constitución y pretender perpetuarse en el poder.

Los primeros 12 meses de gobierno los dedicó a estabilizar la nación y buscar el reconocimiento de la comunidad internacional que había aislado a Honduras por los hechos registrados en junio de 2009.Fue en junio de 2011 que el país recobró la confianza a nivel internacional al lograr su reintegro al seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) tras la firma del Acuerdo de Cartagena entre Porfirio Lobo y Manuel Zelaya, ante la mediación de los presidentes Juan Manuel Santos de Colombia y Hugo Chávez de Venezuela.

Lobo inició su gestión basado en un Plan de Gobierno 2010-2014 estructurado tras la creación del Plan de Nación y Visión de País, que incorpora en su agenda la filosofía del Centro Humanismo que “plantea la dignificación de la persona humana, procurando su desarrollo integral y sustentable, de modo que le permita gozar de una vida con calidad”.En su Plan, Lobo Sosa se comprometió a formular e implementar una política educativa enfocada en principios como participación, acceso, eficiencia, calidad y gestión, al igual que planteó universalizar el sistema de salud para volverlo equitativo y eficiente.

En los últimos tres años la administración Lobo ha sido incapaz de recuperar la gobernabilidad en el sistema educativo y garantizar el cumplimiento de los 200 días de clases, pues, según las organizaciones de padres de familia el promedio de días de clases en los últimos tiempos ronda los 100 y 120 días.

La eficiencia establecida en el Plan de Gobierno del presidente Porfirio Lobo para el sistema de salud tampoco se ha logrado, en virtud de que cada vez son más las necesidades que existen en los centros hospitalarios del sector público en donde un elemento adicional son las frecuentes huelgas de médicos, enfermeras y demás empleados.

El gobernante generó expectativas entre los hondureños al garantizar el mejoramiento del ingreso familiar mediante la generación de fuentes de empleo a través de la creación de una plataforma económica que en 36 meses no ha logrado consolidar.

Si bien en la presente administración no se han logrado crear las suficientes fuentes de trabajo, el ingreso, en cierta medida, ha crecido en decenas de hogares de escasos recursos debido al programa Bono 10 Mil que consiste en la entrega de 10 mil lempiras al año a las madres pobres con la condición de que envíen sus hijos a la escuela y utilicen los servicios de salud.

Seguridad. Uno de los grandes pilares del Plan de Gobierno, aún inconcluso, se refiere a la seguridad ciudadana y jurídica “para que tanto la población en general como la empresa privada, se sientan en la libertad de convivir y realizar sus respectivas actividades en un ambiente de paz”.

Según informes del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el país reportó en 2011 (segundo año del gobierno Lobo) una tasa de homicidios de 86.5 por cada 100 mil habitantes, la más alta en el mundo durante ese período, debido al registro de más de 7 mil muertes violentas.

En los últimos meses la violencia en Honduras ha llegado a niveles de salvajismo, en virtud de que 115 masacres sucedieron en 2012 con un saldo de 432 personas ajusticiadas, revela un monitoreo del Observatorio de la Violencia.Lobo está en deuda con la implementación de “un plan para recuperar la capacidad de respuesta hacia todo tipo de delitos, tales como homicidios, robos, femicidios, secuestros y crimen organizado, robos de vehículos, entre otros, respetando siempre los derechos humanos y la legislación vigente del país”, tal como señala su Plan de Gobierno.

En aspectos macroeconómicos, el gobernante inició su gestión bajo el compromiso de elevar la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en términos reales a tasas superiores a la tasa de crecimiento de la población y planteó reducir las vulnerabilidades económicas provenientes del sector externo, a través de una situación fiscal fortalecida, un sistema financiero sólido y una posición comercial y financiera equilibrada con el resto del mundo para aumentar sustancialmente la base de ahorro.

Se planificó lograr la coordinación en la formulación de las políticas económicas que permitan alcanzar un nivel de inflación bajo y consistente con los demás objetivos y un tipo de cambio competitivo y, además fortalecer la demanda interna y recuperar los niveles de inversión pública y privada, mejorando el acceso a los mercados de capital, recursos y trabajo, como elementos fundamentales del fortalecimiento de la clase media.

En el área fiscal, se proyectó garantizar el equilibrio de las finanzas públicas, así como liberar recursos fiscales para atender las necesidades de la población más pobre y aumentar la inversión pública, sin embargo, el enorme gasto público dificultó, incluso, el pago de salarios a empleados públicos en diciembre de 2012.