Confirman fusiones de Turismo; Cultura, Arte y Deportes; Planificación y Cooperación Externa; Pueblos Indígenas; y Justicia y Derechos Humanos. Viene revisión a direcciones y unidades.

Cinco secretarías de Estado desaparecen en la nueva estructura de la administración pública que encabeza el presidente Juan Orlando Hernández.

Estas instituciones serán fusionadas y reagrupadas en los siete ministerios sectoriales creados para eficientar la administración de gobierno y generar el ahorro de unos 4.000 millones de lempiras (casi US$200 millones).

Las cinco dependencias que desaparecen en el nuevo gobierno son: Secretaría de Turismo, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Secretaría de Planificación y Cooperación Externa; Secretaría de Cultura, Arte y Deportes y Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños. Igual suerte correrán varios institutos, direcciones, programas y proyectos que han venido cumpliendo funciones repetidas en detrimento de las endebles finanzas públicas hondureñas.

Actualmente el sistema de administración de gobierno cuenta con más de 80 instituciones que cada año absorben millones tras millones del Presupuesto General de la República.

De igual manera se procederá a revisar unas 70 unidades ejecutoras de proyectos que actualmente funcionan en la administración pública y que gastan hasta el 20% de los financiamientos que se obtienen por cada proyecto. Jorge Ramón Hernández Alcerro, ministro general de Gobierno, manifestó “que estamos comenzando un proceso de transformación de la administración pública que comenzó por la designación de un coordinador general de Gobierno y dividir la administración pública en siete sectores”.

Estas siete grandes áreas de trabajo serán: Gobernabilidad, Infraestructura, Inversiones, Seguridad, Desarrollo Social, Economía y Finanzas y Relaciones Exteriores.

“Como consecuencia de esto desaparecen inmediatamente cinco secretarías de Estado cuyas funciones son asumidas por otras secretarías del Estado, el caso de Justicia y Derechos Humanos, Secretaría de los Pueblos Indígenas, Turismo; Cultura, Arte y Deporte, y Seplan”, explicó.

Oficial. El pasado 23 de enero fue publicado en el diario oficial La Gaceta el decreto número 266-2013 que da vida a la ley para optimizar la administración pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y el fortalecimiento de la transparencia en el gobierno.

El decreto oficializa únicamente el funcionamiento de 15 secretarías de Estado en la administración del presidente Hernández. En este se detalla el sistema de modernización que requiere la administración centralizada y descentralizada para crear mecanismos más ágiles y que permitan responder a las necesidades de la población.

Según el artículo 14 de esta reforma a los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 45, 50, 53, 85, 99, 100, 101, 102, 113, 117, 124-c y 124-d de la Ley General de la Administración Pública, el presidente de la República, por decreto y en Consejo de Secretarios de Estado, puede emitir dentro de la administración centralizada las normas requeridas para: 1. Determinar la competencia de los despachos por las secretarías de Estado y crear las dependencias internas que fueren necesarias para la buena administración. 2. Fusionar las dependencias internas que dupliquen funciones o actividades, o que fusionadas puedan desempeñarse eficientemente. 3. Suprimir dependencias internas cuando sea necesario o conveniente para los fines de la administración pública. 4. Reorganizar aquellas dependencias que la eficiencia de la administración pública demande. 5. Traspasar funciones, actividades y servicios a las municipalidades o a los organismos de derechos privado auxiliares de la administración pública.

El decreto también indica que para coordinar todo lo relativo a la conducción estratégica el presidente de la República puede auxiliarse del más alto rango de las Secretaría de Estado y crear gabinetes sectoriales a cargo de secretarios de Estado que coordinen los mismos.

Entre estos gabinetes sectoriales y secretarías de Estado está la Coordinación General de Gobierno que auxiliará al presidente de la República en la coordinación de la administración pública. Además se encargará de la planificación estratégica, en el marco de la Visión de País y Plan de Nación. Así también la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización se encargará de lo concerniente al gobierno interior de la República, incluyendo la coordinación, enlace, supervisión y evaluación de los regímenes departamental y municipal, la descentralización y la participación ciudadana.

A esta dependencia también se le atribuye la responsabilidad del apoyo técnico a las municipalidades y a las asociaciones civiles de vecinos y patronatos, la regulaciones de espectáculos públicos y la protección de la niñez y juventud.

La Secretaría de la Presidencia desarrollará la dirección superior del Servicio Civil, será también el enlace con los partidos políticos en su relación con el gobierno, coordinará con los órganos del Poder Judicial, Ministerio Público, Procuraduría General de la República y Tribunal Supremo Electoral, entre otros.

La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social será la encargada de la coordinación, ejecución y evaluación de las políticas públicas en materia de desarrollo e inclusión social, de reducción de la pobreza; así también se ocupará de la planificación, administración y ejecución de los programas y proyectos que se derivan de esas políticas y las que vayan dirigidas a grupos vulnerables y orientados a la niñez, juventud, pueblos indígenas y afrohondureños, discapacitados y personas con necesidades especiales, como los adultos mayores.

La Secretaría de Salud formulará, coordinará, ejecutará y evaluará las políticas relacionadas con la protección, fomento, prevención, preservación, restitución y rehabilitación de la salud de la población.

En Educación se incluye lo concerniente a la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con todos los niveles del sistema educativo formal, con énfasis en el nivel de educación básica, exceptuando la educación superior.

Para Desarrollo Económico se establece la creación de las políticas relacionadas con el fomento y desarrollo de la industria, la tecnología, promoción de inversiones, imagen de país, de los parques industriales y de las zonas libres.

En Trabajo y Seguridad Social se prevé la evaluación de las políticas de empleo inclusive de los discapacitados, el salario, la formación de mano de obra, la capacitación para el trabajo, el fomento de la educación, la coordinación con las instituciones de previsión y seguridad social.

Para la Secretaría de Agricultura y Ganadería se ordena la ejecución de las políticas creadas en relación a la producción, conservación y comercialización de alimentos, la promoción y modernización de la agricultura, la sanidad animal y vegetal.

Para el ministerio de Energía, Recursos Naturales y Ambiente se establece la protección y aprovechamiento de los recursos hídricos, las fuentes nuevas y renovables de energía, la generación, transmisión y distribución de energía, la actividad minera y la explotación de hidrocarburos.

En Seguridad se ordena la formulación de una política nacional de seguridad interior y de los programas, planes proyectos y estrategias de seguridad ciudadana.

Para Defensa se incluye todo lo relacionado con las políticas de la defensa nacional y la educación y capacitación de los miembros de las Fuerzas Armadas.

En Obras Públicas, Transporte, vivienda y Empresas Públicas se indica la creación y ejecución de políticas relacionadas con la vivienda, las obras de infraestructura pública, el sistema vial, urbanístico y del transporte, los asuntos concernientes a las empresas públicas.

En la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional se proyecta el fomento de las relaciones con otros estados, la conducción de la representación de Honduras en las organizaciones y foros internacionales, la rectoría y la administración de los servicios diplomáticos.

Y Finanzas, como en la actualidad, continúa con la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, con lo relativo al crédito y a la deuda pública, el manejo de la Tesorería y la Pagaduría.