Este lunes murieron cinco personas que intentaron invadir las tierras que ha venido explotando la Sociedad Exportadora del Atlántico S. A., de Miguel Facussé, lo que dejó de manifiesto una polémica existente entre el empresario y el Instituto Nacional Agrario.

Tegucigalpa. El sangriento enfrentamiento entre un grupo de campesinos y varios guardias de seguridad en la finca El Tumbador, en Trujillo, Colón, ha reavivado la crisis agraria en Honduras.

La muerte de los cinco campesinos la mañana de este lunes en una finca de palma africana, luego de intentar invadir las tierras que ha venido explotando la Sociedad Exportadora del Atlántico S. A. de C. V., del empresario Miguel Facussé, ha puesto en evidencia las deficiencias que en materia de política agraria enfrenta el país.

El incidente ha sacado a relucir un nuevo conflicto de tierras entre el Instituto Nacional Agrario (INA) y el propio representante de la Sociedad Exportadora del Atlántico que asegura tener legítimo derecho sobre unas 570 hectáreas de tierra que se encuentran dentro de un predio de casi 5.700 hectáreas que fueron ocupadas por el Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM).

Es de recordar que el empresario también sufrió meses atrás otra invasión de tierra en el sector, nada más que en sector del Bajo Aguán, litigio que aún no ha sido resuelto en su totalidad.

Sobre este nuevo incidente ocurrido en El Tumbador, Facussé acusó este martes al titular del INA, César Ham, de haber propiciado el sangriento enfrentamiento entre campesinos y guardias de seguridad al asegurar que las tierras que ocupan la finca El Tumbador pertenecen al Estado sin antes dilucidar el caso ante los tribunales competentes.

El empresario calificó de "asesino" a Ham por jugar a la política y andar ilusionando a los campesinos con tierras que no les pertenecen.

Pleito. Según el ministro del INA, las tierras eran de naturaleza jurídica nacional y el Estado las otorgó el 21 de abril de 1972 al señor Fausto Fortín Inestroza, teniendo un área de 5.724 hectáreas en total.

Ham aseguró que el señor Fausto Fortín Inestroza, mediante instrumento público en enero de 1975, vendió las tierras al señor Temístocles Ramírez.

El ministro del INA aseguró que en 1980 el Estado expropió las tierras a Ramírez por no haber cumplido la función social y le fueron pagadas con una deuda asumida con el gobierno de los Estados Unidos.

"La Procuraduría General de la República en 1991, siendo procurador Leonardo Matute Murillo (QDDG), traspasó ese predio de 5,724 hectáreas al INA mediante escritura pública que está debidamente registrada en el Instituto de la Propiedad de Trujillo el 11 de julio de 1991".

"Esa tierra para el INA es de naturaleza fiscal, no es de naturaleza privada, esta inscripción en el Instituto de la Propiedad de Trujillo no tiene ninguna nota marginal, no tiene ninguna disminución del área y por lo tanto es una escritura que está debidamente registrada en el Instituto de la Propiedad", argumentó Ham.

"Al ver esta situación se abrió un expediente en marzo de 2010, se iniciaron diligencias para investigar la situación y ver si habían otras personas dueñas del predio, se requirió en tres oportunidades al apoderado legal del señor Miguel Facussé, representante de la Sociedad Exportadora del Atlántico".

"En tres oportunidades se le requirió el 17 de marzo, no compareció, luego en abril, tampoco compareció y en la última oportunidad uno de sus abogados, Fernando Fernández, firmó el requerimiento donde daba acuse de recibo del requerimiento que le había hecho el INA que acreditara ante el INA la documentación legal de esas tierras", subrayó.

Sin embargo, el titular del INA, pese a toda la argumentación que dio, no explicó las razones por las que los campesinos se apersonaron al sector de la finca El Tumbador a invadir las tierras que según él pertenecen al Estado, y sin haber seguido un procedimiento legal.

Versión. Sin embargo, para los representantes de la Sociedad Exportadora del Atlántico, las tierras sí pertenecen al empresario Miguel Facussé.

Roger Pineda, tesorero de la Corporación Dinant, argumentó que en 1988 las tierras fueron rematadas vía judicial por una familia de apellido Midence que se había adueñado de los predios por una deuda que el señor Temístocles Ramírez no había logrado saldar.

"Hemos sido claros explicando que en el año 1988 las fincas que el día de hoy el señor Ham dice que pertenecen al INA fueron rematadas vía judicial por la familia Midence por una deuda que el señor Temístocles Ramírez tenía con la familia Midence, nosotros adquirimos después las acciones de las empresas de la familia Midence de lo que se llama El Tumbador y eso es lo que nos pone en posesión 10 años después de ese remate de las tierras que nosotros estamos explotando", refutó Pineda.

El representante de la Corporación Dinant afirmó que la resolución de la Procuraduría General de la República de 1991 no deslegitima el derecho de Facussé sobre las tierras, pues al momento del traslado de la propiedad al Estado, el INA incluyó las tierras que Temístocles Ramírez ya había perdido con la familia Midence.

"Si usted recuerda, las tierras del señor Temístocles fueron invadidas y luego él demandó al Estado en 1991 y el Estado le pagó y él hizo el traslado de la propiedad de las tierras a nombre del Estado de Honduras", dijo.

"El señor Temístocles Ramírez era dueño de una cantidad de tierra más allá de ese pedazo conocido como el CREM, eso no quiere decir que las tierras que los Midence le remataron a Ramírez pertenezcan al CREM, simple y sencillamente por un error el INA hizo esa medida de las tierras e incluyó las tierras que ya había perdido el señor Temístocles Ramírez por remate judicial ante la familia Midence", subrayó.

Según Pineda, hay varios fundamentos que establecen que las tierras en cuestión pertenecen al empresario Miguel Facussé y uno de ellos es una solicitud aprobada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) sobre la ampliación del techo agrario en base a un decreto emitido en 1999 aprobado para la recuperación del sector agrícola tras los daños ocasionados por el huracán Mitch.

"Usted sabe que existen los techos agrarios, usted no puede tener más de 300 hectáreas salvo que presente una solicitud a la Secretaría de Agricultura en la cual le autoricen el sobre techo, es decir, trabajar unidades productivas más allá de las 300 hectáreas, nosotros presentamos la solicitud para que las autorizaran en base a un decreto que se dio en 1999 para la recuperación del sector agrícola", indicó.

"La Secretaría de Agricultura revisó toda la documentación e incluso en esa resolución donde nos autorizan el sobre techo hacen mención de que remitieron al INA para que averiguara si existía conflicto legal pendiente y eso es en el 2002 con las tierras en mención, el INA acreditó que no había ningún conflicto legal", afirmó Pineda.

El representante de Dinant dijo que otro elemento que comprueba la legitimidad en la pertenencia de tierra a Facussé es que el INA extendió a la Sociedad Exportadora del Atlántico el certificado de inaceptabilidad, el cual establece que las tierras no pueden ser afectadas para reforma agraria.

"El INA nos dio el certificado de inaceptabilidad para todas las propiedades, ese es un segundo elemento que son instrumentos girados por organismo del Estado y personas acreditadas".

Violencia

Según informes de la policía, las disputas de tierras que se han dado en la zona norte del país en los últimos meses han dejado un saldo de 17 campesinos fallecidos, dos guardias de seguridad muertos, un policía que perdió la vida además de varios heridos en diferentes desalojos.

Hasta hace poco la zona más conflictiva era la del Bajo Aguán en donde los enfrentamientos entre campesinos y terratenientes han disminuido tras la firma una acta de compromiso en mayo pasado entre los miembros de Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) y el presidente Porfirio Lobo.