La ministra de Derechos Humanos afirmó que el gobierno está comprometido a luchar contra la impunidad y a proteger a los periodistas, gremio que ha sufrido la muerte de varios profesionales en los últimos dos años.

Tegucigalpa. El gobierno hondureño presentó este jueves el informe del cumplimiento del Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, sin recibir objeciones.

Honduras respondió positivamente a las doce recomendaciones sobre las que le faltaba pronunciarse, de las 129 que le efectuaran los demás estados durante la realización del EPU en noviembre 2010.

No hubo "objeción de ningún estado, por lo que es un reconocimiento al gobierno por los avances que se emprenden para lograr una mejora sustancial en materia derechos humanos", dijo la ministra de Derechos Humanos, Ana Pineda, miembro de la delegación nacional que presentó el informe.

Una de las doce recomendaciones que fueron aprobadas es la hecha por Eslovaquia referente a "poner fin a cualquier procedimiento disciplinario contra jueces" que hayan cuestionado el las acciones de 2009.

Si bien las 129 recomendaciones fueron admitidas, el cumplimiento de dos se postergaron porque su ejecución depende de la creación de nuevas instituciones, como una agencia de investigación adscrita al Ministerio Público y una oficina de protección a los derechos humanos de los niños, destacó Pineda.

Cada cuatro años los países miembros de las Naciones Unidas rinden un informe sobre el nivel de respeto de los derechos humanos, que en el caso de Honduras tomó mayor relevancia por las denuncias de abusos contra los opositores a la salida del ex presidente Manuel Zelaya.

La ministra Pineda dijo al final de la presentación del documento que el gobierno está comprometido a luchar contra la impunidad y a proteger a los periodistas, ya que este gremio se ha vestido de luto por la muerte de varios comunicadores en los últimos dos años. Solo en 2010 se reportó la muerte de 11 comunicadores.

La delegación la completaban el embajador de Honduras, Roberto Flores Bermúdez, y la fiscal de Derechos Humanos, Sandra Ponce.

La fiscal remarcó que el EPU no tiene como objetivo condenar a un Estado sino que ayudarlo a crear mejores condiciones para que se respeten los derechos fundamentales de las personas.

"Es un especie de diagnóstico, para llamarlo de algún modo, para saber en qué se está avanzando y que se defina una ruta para mejora; ese es el valor más sustancial de este examen", expresó Ponce.

El embajador Flores Bermúdez dijo que los esfuerzos del Estado por crear un mejor sistema de protección de esos derechos han sido reconocidos, pero continuarán las labores en ese sentido.