De acuerdo a un análisis comparativo con la realidad en Centroamérica, Honduras posee la segunda fuerza policial más pequeña de la región y la tasa más alta de homicidios.

Con 112,492 kilómetros cuadrados de extensión, Honduras es el segundo país más grande de Centroamérica, sin embargo, posee la segunda fuerza policial más pequeña de la región y la tasa más alta de homicidios. 

Este país, a pesar de haber implementado una serie de acciones legislativas, económicas y de lucha directa contra la violencia y la criminalidad en los últimos cuatro años, continúa sin superar el calificativo de la nación más violenta en el área.

Un estudio de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (Resdal), sobre los Índices de Seguridad Pública en Centroamérica, con datos hasta el 2013, muestra las condiciones con que cada país de Centroamérica lucha contra la inseguridad, asimismo, refleja el impacto de la violencia en cada una de estas naciones, especialmente la que viven los países del triángulo norte.

Según la investigación, en el 2013, Costa Rica era el país con menos homicidios al tener una tasa de 8.8 homicidios por cada cien mil habitantes.

Le sigue Nicaragua con 11, Panamá con 17.6, Guatemala con 34.3, El Salvador con 41.5 y por último está Honduras con 85.5 homicidios por cada cien mil habitantes.

Aunque en los últimos meses, la Secretaría de Seguridad ha publicado que se ha registrado un descenso de al menos un diez por ciento de los homicidios, la tasa aún sigue siendo muy elevada en relación con los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que es de 8.8 por cada cien mil habitantes.

Para el analista Raúl Pineda Alvarado, la extrema violencia en Guatemala, El Salvador y Honduras se debe a que estas tres naciones son las que a nivel regional muestran los mayores niveles de exclusión social y económica. “Aquí los niveles de pobreza son exagerados y además tienen altos niveles de corrupción”.

Caso raro es el de Nicaragua que tiene niveles muy bajos de desarrollo social, pero mantiene buenos niveles de seguridad ciudadana, gracias a que ha logrado insertar a la policía en la sociedad, además que vienen de un conflicto bélico que hizo que la sociedad comience a rechazar la violencia.

“En cuanto a Costa Rica, ahí hay grandes problemas, lo que pasa es que ellos manipulan las cifras”, dice el analista.

Al analizarse la situación de la violencia en Centroamérica también debe contemplarse que cada país de la región desempeña un papel en relación a esa corporación que se llama crimen organizado, añadió Pineda.

Él considera que en Nicaragua hay poco tráfico de drogas “porque es la tesorería del crimen organizado”, mientras que en Costa Rica “predomina más el lavado de activos”.

Mientras que Honduras, El Salvador y Guatemala son la vía que utiliza el crimen organizado para generar recursos.

“En Nicaragua se van a guardar los recursos, en Costa Rica se van a guardar y disfrutar, son una especie de santuario para los barones de la droga, o del crimen organizado”, sostuvo.

Acciones. En la última década, el crecimiento de la violencia y la criminalidad en Honduras alcanzó niveles escalofriantes producto de la falta de una política integral para hacerle frente al problema, según ha venido señalando continuamente el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

Desde el 2010 Honduras comenzó a aprobar una serie de leyes para hacerle frente a la violencia, incrementó los presupuestos de defensa y seguridad, intentó depurar la Policía, creó una Policía Militar y un escuadrón TIGRES, sin embargo, la violencia continuó imparable y en ascenso.

Es hasta este año que la sociedad ve un ligero avance en el combate de la delincuencia, pero desde el punto de vista operativo, no así desde el ámbito de la prevención.

En los últimos cuatro años, el Poder Legislativo aprobó una treintena de leyes para combatir la inseguridad.

En febrero del 2010 se creó la Ley de Visión de País y Plan de Nación, donde se plantea que Honduras se desarrollaría en democracia con seguridad y sin violencia.

En septiembre del 2011 se conforma una Política Integral de Seguridad Ciudadana, que en el papel dice que tiene como fin fortalecer la gestión local y de los equipos de seguridad y realización de programa de prevención de la violencia.

En julio del 2011 también se crea la Ley de Seguridad Poblacional, que consiste en la conformación de un foro extrapresupuestario para seguridad.

Posteriormente, con el asesinato de dos estudiantes universitarios por parte de la Policía las autoridades gubernamentales comenzaron, a finales del 2011, a buscar alternativas encaminadas a parar el crimen.

Partiendo de que una Policía altamente corrupta era responsable del incremento del hampa al estar coludida con el crimen organizado y el narcotráfico, en noviembre del 2011 se creó la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), y en diciembre se conformó el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, encaminado a diseñar, supervisar las políticas de seguridad, defensa e inteligencia.

En febrero del 2012 se le dio vida a la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CNRSP), que no sirvió para nada.

En mayo se creó la Ley de Depuración Policial que luego fue declara inconstitucional en lo de la aplicación del polígrafo; en junio de ese mismo año se creó también el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.

Luego, solo en el 2013, el Congreso Nacional emitió 23 leyes relacionadas con seguridad. En abril creó la figura del Comisionado de Defensa y Seguridad, en junio le dio vida a la Ley de TIGRES y en agosto creó la Policía Militar y del Orden Público; sin embargo, en el 2013, a pesar de toda esta batería de leyes los homicidios no se redujeron como se esperaba.

Ante la imparable violencia aún en el 2014, el Legislativo siguió aprobando más acciones tendientes a controlar la criminalidad.

Las últimas medidas se tomaron la noche del martes 21 de octubre, recién pasado, cuando el Congreso Nacional reformó los artículos 116, 122, 322 y 323 del Código Penal, incrementando las penas contra los asesinos de los operadores de justicia.

Comparativo. El informe de Resdal hace un comparativo de los esfuerzos que realiza cada país centroamericano, desde el punto de vista legislativo, administrativo y operativo para hacerle frente al azote de los criminales.

El informe también refleja los resultados de una lucha que se libra sin parar a nivel de toda la región.

Con una población de 8,555,072 habitantes, Honduras posee la segunda población más grande de Centroamérica.Guatemala tiene 15,073,384 habitantes; El Salvador tiene 6,213,730; Nicaragua tiene 6,213,730; Costa Rica tiene 4,713,168, mientras que Panamá posee una población de 3,850,735 de habitantes.

En cuanto a extensión territorial, Nicaragua es el más grande con 130,373 kilómetros cuadrados, le sigue Honduras con 112,492 kilómetros cuadrados.

Después Guatemala con 108,889 kilómetros cuadrados, Panamá con 75,517 kilómetros cuadrados, Costa Rica con 51,100 kilómetros cuadrados y por último aparece El Salvador con 21,040 kilómetros cuadrados.

Sobre la fuerza policial que posee cada país, Honduras se ubica en el penúltimo lugar.Con 26,201 elementos, Guatemala es el país con más policías. Le sigue Panamá con 23,824 policías; El Salvador con 22,055; Costa Rica con 14,201; Honduras con 12,805 agentes y después aparece Nicaragua con 11,732 policías.

En relación a la cantidad de policías por población, los cuadros muestran que Panamá posee 6.2 policías por cada mil habitantes, El Salvador 3.5 policías, Costa Rica 3.0, Nicaragua 1.9, Guatemala 1.7 y Honduras 1.5 policías por cada mil habitantes.

Desde el punto de vista territorial, Panamá tiene 31.5 policías por cada 100 kilómetros cuadrados; le sigue El Salvador con 104.8 policías; Costa Rica con 27.8; Guatemala con 24.1; Honduras con 11.4 y Nicaragua con 9.0 policías por cada 100 kilómetros cuadrados.

Los agentes mejor pagados son los de Panamá con un salario de 690 dólares mensuales.Le sigue Guatemala con 509 dólares, Costa Rica con 481 dólares, Honduras con 472 dólares (unos 9,709 lempiras), El Salvador con 424 y Nicaragua con 120 dólares.

Acerca de los recursos asignados a seguridad, con una cantidad de 281.2 millones de dólares, unos 5,780 millones de lempiras, en 2013, Honduras se ubicó con el segundo presupuesto más bajo en relación con los demás países centroamericanos, superando nada más a Nicaragua que en el año pasado tenía una asignación de 107.6 millones de dólares.

La nación con el presupuesto para seguridad más alto es Panamá con 997.5 millones de dólares, le sigue Costa Rica con 856.8 millones, Guatemala con 718 millones y luego El Salvador con 433 millones de dólares.