La ONG Human Rights Watch (HRW) lamentó que la destitución del presidente Vizcarra se haya llevado a cabo mediante la "invocación de facultades legales dudosas" debido a las acusaciones de corrupción que pesan en su contra, las cuales están aún siendo investigadas.
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha alertado este jueves de que la destitución del ahora ex presidente peruano, Martín Vizcarra, por parte del Congreso, supone una "amenaza para el Estado de Derecho" en el país latinoamericano, por lo que ha pedido a la Organización de Estados Americanos (OEA) convocar una sesión urgente en el Consejo Permanente.
Para la organización, la moción de censura contra Vizcarra "por incapacidad moral permanente" puede tener consecuencias "inmediatas" en la independencia del Tribunal Constitucional del país.
Así, en un comunicado, HRW ha lamentado que su destitución se haya llevado a cabo mediante la "invocación de facultades legales dudosas" debido a las acusaciones de corrupción que pesan en su contra, las cuales están aún siendo investigadas. "Decenas de legisladores en el Congreso, que también están bajo investigación penal por diversos delitos, habían intentado destituirlo infructuosamente por otras razones en septiembre", recoge el texto.
Vizcarra, precisamente, había impulsado varias iniciativas contra la corrupción, lo que afecta a diversos diputados. El presidente del Congreso, Manuel Merino, ha sido nombrado presidente a pesar de las protestas multitudinarias contra la salida del presidente.
"Las acusaciones contra Vizcarra deben ser investigadas; sin embargo, existen serias dudas sobre la legalidad de su vacancia, que parece responder al interés personal de algunos legisladores de eludir cualquier rendición de cuentas a futuro", ha expresado José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
En este sentido, Vivanco ha señalado que los gobiernos de la región "deben fiscalizar de cerca las decisiones que adopten Merino y el Congreso. Existen motivos sólidos para sospechar que utilizarán la destitución de Vizcarra para seguir debilitando el Estado de Derecho en el Perú", ha dicho.
En los próximos meses, está previsto que el Congreso y el presidente de Perú impulsen procesos que son fundamentales para las instituciones del país, incluyendo la selección de magistrados del Tribunal Constitucional y la organización de la elección presidencial programada para abril de 2021. Por su parte, el Tribunal Constitucional está examinando una demanda acerca de la cláusula que permite la vacancia del presidente por "incapacidad moral".
Según han informado varios medios de comunicación, decenas de congresistas, incluido del partido de Merino, están siendo investigados por acusaciones que incluyen actos de corrupción.
El Congreso, además, no ha llevado a cabo un proceso de destitución política como tal. La Constitución peruana habilita a la Cámara a someter a juicio político a un presidente únicamente por "traición a la patria, impedir la celebración de elecciones, disolver ilegalmente el Congreso o impedir el funcionamiento del Congreso o de los órganos electorales del país".
En vez de esto, tal y como ha denunciado HRW, el Congreso ha invocado una disposición constitucional vaga y poco clara que le permite declarar la "vacancia" de la presidencia si el presidente renuncia o presenta "incapacidad moral o física".
Celebración de elecciones. Sobre la celebración de elecciones, la organización ha instado a "asegurar que estas tienen lugar" según el calendario establecido, en abril de 2021, a pesar de que ahora sea Merino quien está en el poder. Asimismo, ha urgido a "evitar cualquier dilación" al respecto.
"Los peruanos tienen pleno derecho a manifestarse por la crisis en su país", ha sostenido Vivanco antes de matizar que la "policía y otras autoridades deben proteger las manifestaciones pacíficas y, en todas las situaciones, abstenerse de emplear un uso excesivo de la fuerza".
Las acusaciones de corrupción contra Vizcarra versan sobre una presunta trama de corrupción por la que habría recibido 2,3 millones de soles (unos US$630.000) a cambio de contratos de obras públicas cuando ejercía como gobernador de Moquegua entre 2011 y 2014.
Se trata de la segunda moción de censura a la que ha hecho frente Vizcarra en los últimos dos meses, después de que la anterior, presentada por un supuesto delito de tráfico de influencias dentro del conocido como caso 'Richard Swing', fuera rechazada por el Congreso.
Por su parte, tras hacerse oficial su destitución, Vizcarra ha lamentado que en el Congreso no se haya impuesto "la razón", sino "el número de votos de los representantes del pueblo", a quienes ha acusado de haber olvidado "a quien representan".
