Se presentó este miércoles el informe de la ONG Human Rights Watch, que incide especialmente en la situación de los derechos humanos en estos dos países latinoamericanos.
La ONG Human Rights Watch denunció hoy (27.01.2016) que el poder judicial de Venezuela "prácticamente dejó de funcionar de forma independiente al Gobierno" desde que el chavismo y "sus partidarios en la Asamblea Nacional" asumieron "el control político de la Corte Suprema". En su informe anual, presentado este miércoles, HRW censuró a las autoridades venezolanas por "aprovechar la falta de independencia del poder judicial en el país para detener y procesar criminalmente a prominentes opositores políticos", como Leopoldo López. "Durante el juicio a López, la Fiscalía no presentó evidencias creíbles que lo incriminasen" y "el juez encargado, cuyo cargo es provisional y no posee estabilidad garantizada, no permitió que la defensa presentase sus pruebas", asegura el documento.
HRW subraya que "miembros de la Corte Suprema han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y se han comprometido públicamente con la defensa de la agenda política del Gobierno, decidiendo reiteradamente a su favor y validando su falta de respeto a los derechos humanos". Incluso algunos abogados han sido procesados por "ofrecer asistencia jurídica a sus clientes", añade la ONG. El informe incide también en la ausencia de pluralidad en los medios de comunicación, una circunstancia que atribuye al Ejecutivo del presidente Nicolás Maduro por "haber ampliado y abusado de sus poderes" para controlar a la prensa. De acuerdo con la organización, Maduro "adoptó medidas agresivas para reducir el número de medios con programación crítica", lo que ha convertido la autocensura en "un problema grave".
Otro apartado lo ocupa el operativo de seguridad Operación Liberación del Pueblo, que consiste en el despliegue de un gran número de policías y militares en zonas consideradas como "violentas" para realizar allanamientos, detenciones e incautaciones. Durante las operaciones, que han causado varias muertes, "las fuerzas de seguridad violaron derechos fundamentales al conducir a detenciones arbitrarias, revistas ilegales a domicilios, además de abusos físicos y verbales", critica HRW. La organización también reprueba las deportaciones arbitrarias y la marginalización que se ha llevado a cabo en el país contra "los defensores de los derechos humanos mediante repetidas acusaciones infundadas, en el intento de debilitar la democracia de Venezuela". Por otro lado, el informe alerta de las dificultades que afronta la población para conseguir medicamentos básicos.
México: "Fuerzas de seguridad involucradas". México es el otro país latinoamericano sobre el que Human Rights Watch pone la mira. Su Gobierno ha hecho "poco progreso en los esfuerzos para procesar criminalmente" a los responsables de las violaciones de derechos humanos en el país. La organización señala en su informe anual, que presenta en Sao Paulo y Estambul de forma simultánea, que "las fuerzas de seguridad mexicanas se envolvieron en graves y repetidas violaciones de derechos humanos en operaciones contra el crimen organizado" durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto. Crímenes que, de acuerdo con el documento, incluyen "ejecuciones extrajudiciales y tortura", contra las que el Ejecutivo no luchó con firmeza.
El anuario denuncia además los "frecuentes casos de desapariciones forzadas" llevadas a cabo por parte de las fuerzas de seguridad, como el secuestro de 43 estudiantes de Ayotzinapa. HRW destaca "los graves fallos en las investigaciones conducidas por el Gobierno" y subraya que, conforme a los resultados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el proceso "fue perjudicado por faltas procesales y la posibledestrucción de pruebas esenciales". El documento también recalca que el número de desaparecidos en México llega ya a 25.500 personas y que el Ejecutivo ha liderado "iniciativas potencialmente prometedoras", pero "poco efectivas" al respecto.
Por otra parte, el informe denuncia que continúa habiendo en México un "número alarmante" de ejecuciones extrajudiciales, las cuales se enmarcan en "una impunidad endémica y sistemática". Un clima de violencia que sigue estando presente en el país, ya que, en palabras de HRW "algunos jueces continúan desconsiderando denuncias de tortura y aceptando confesiones supuestamente obtenidas bajo coerción". En este sentido, continúa, "el sistema de justicia criminal rutinariamente fracasa en garantizar justicia a las víctimas de crímenes violentos y violaciones de derechos humanos". La sección mexicana del anuario dedica asimismo un apartado a los ataques contra periodistas, que las autoridades "no investigan adecuadamente, al no tener en cuenta desde el principio su profesión como posible motivación". Por último, la ONG reprueba que "las leyes del país no protejan adecuadamente a las mujeres y niñas contra la violencia doméstica y sexual".
