En su informe, la ONG recoge la situación de violencia que sufre el llamado arco minero debido a la presencia de grupos armados que, en algunos casos con la "aquiescencia" del Gobierno de Nicolás Maduro, explotan ilegalmente los recursos naturales.
Grupos armados locales, conocidos como "sindicatos" o "pranes", y colombianos, como la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC, se han apoderado de numerosas minas de oro que funcionan en Venezuela de forma ilegal cometiendo "abusos atroces" contra los propios mineros y la población local que incluyen desapariciones, asesinatos y amputaciones para garantizarse el control de este lucrativo negocio, según ha denunciado Human Rights Watch (HRW).
En su informe 'Venezuela: Violentos abusos en minas de oro ilegales', HRW recoge a través de los testimonios de mineros, vecinos, periodistas y ONG locales, además de imágenes satelitales, la situación de violencia que sufre el llamado arco minero debido a la presencia de grupos armados de diversa índole que, en algunos casos con la "aquiescencia" del Gobierno de Nicolás Maduro, explotan ilegalmente los ricos recursos naturales de la nación caribeña.
"Venezuela cuenta con reservas de recursos sumamente valiosos como oro, diamantes y níquel, así como reservas de coltán y uranio", ha recordado HRW. La ONG se ha centrado en la minería del oro, que se concentra en los estados del sur de Venezuela, especialmente en Bolívar, porque "buena parte" es ilegal, de modo que "una gran cantidad de oro, cuyo total es difícil de cuantificar, precisamente, por su carácter ilegal, es sacado del país mediante contrabando".
La ONG ha indicado que "la migración económica interna debido a la crisis económica y humanitaria en Venezuela ha incrementado la cantidad de personas que buscan trabajo en la actividad minera", incluida la ilegal.
"Distintos 'sindicatos' controlan distintas áreas mineras y cada uno impone allí las reglas y las aplica con brutalidad", explica HRW. En el caso de Bolívar, además de los 'sindicatos' venezolanos, están presentes el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las FARC, de acuerdo con el International Crisis Group.
Los 'sindicatos' "ejercen un estricto control sobre las poblaciones que viven y trabajan allí, imponen condiciones de trabajo abusivas y someten a tratos brutales a quienes se acusa de robo y otros delitos, ha asegurado la ONG. "Todo el mundo sabe la reglas", ha comentado una residente local. "Son como el Gobierno ahí", ha añadido.
Ligia Castro, una venezolana de 35 años que trabajó en las minas de El Algarrobo y La Cucharilla en 2018, ha contado a HRW que el 'sindicato' le cortó las manos con un machete a una mujer a la que otra compañera había acusado de robar un par de pantalones y le ordenaron que dijera que había tenido un accidente, advirtiéndola de que sabían dónde encontrar a su familia.
Ricardo Gómez, un minero de 49 años que estuvo en Las Claritas en 2017, ha recordado el caso de una compañera que obtuvo 10 gramos de oro de otro trabajador con el que había mantenido relaciones sexuales. El 'sindicato' la capturó, la ató a un árbol y le cortó la cabeza con una motosierra para después descuartizar el resto del cuerpo, todo ello delante de los demás mineros. "Tengo todo grabado en mi mente", ha aseverado Gómez, que tras este crimen abandonó la mina "atemorizado".
También ha contado a HRW el caso de un minero al que acusaron de robar un teléfono móvil. Primero le cortaron la mano con un hacha delante de sus compañeros y después se lo llevaron en un coche. Desde entonces se desconoce su paradero. Cuando la familia del hombre fue a la mina a preguntar qué había pasado, el 'sindicato' amenazó a los otros mineros: "Si dices algo que nos perjudique, también vas a desaparecer".
A las amputaciones, los asesinatos y las desapariciones se suman otros delitos. HRW ha mencionado a un pastor que trabajaba en una mina que asegura que varios miembros del 'sindicato' violaron a sus hijas. "Sus padres temen represalias si denuncian el abuso", ha apostillado.
Lo cierto es que en 2018 el estado de Bolívar registró la tasa más alta de muertes violentas en Venezuela, con 107 por cada 100.000 habitantes, y El Callao, la capital minera del país, con una población de 200.000 personas, fue el municipio más violento, con 620 homicidios por cada 100.000 habitantes, según datos del observatorio Venezolano de la Violencia.
Además, de acuerdo con fuentes locales, entre 2012 y 2019 hubo denuncias sobre al menos 50 desapariciones en Bolívar cuyo paradero se desconoce. HRW ha indicado que "es muy probable que la cifra real sea mayor pero no hay estadísticas oficiales disponibles".
Amenaza para la salud. Human Rights Watch ha señalado que la minería ilegal no solo se traduce en violencia, sino también en un grave riesgo para la salud de los mineros y de quienes viven cerca de estas explotaciones.
Los trabajadores de las minas ilegales están expuestos al mercurio que usan para extraer el oro, a pesar de que está prohibido en Venezuela. HRW ha apuntado que el mercurio, incluso en pequeñas cantidades, "puede provocar graves problemas de salud y toxicidad en los sistemas nervioso, digestivo e inmunológico, así como en pulmones, riñones, la piel y los ojos".
"Estudios realizados en zonas mineras en Bolívar hace ya varios años habían detectado altos niveles de exposición al mercurio, incluso en mujeres y niños, entre quienes los riesgos para la salud son incluso mayores. En el caso de las mujeres embarazadas, los riesgos incluyen discapacidad grave o la muerte del feto o del bebé cuando la gestación llega a término", ha destacado la ONG.
HRW también ha indicado que "la epidemia de malaria que afecta a Venezuela tiene una estrecha correlación con el aumento repentino de la minería ilegal en el sur de Venezuela. "Los mineros suelen vivir a la intemperie, lo cual aumenta su exposición a los mosquitos" y "los pozos mineros deforestados, que se llenan con agua de lluvia, son propicios para los mosquitos que transmiten la malaria", ha explicado.
De hecho, Human Rights Watch ha subrayado que "todas las personas entrevistadas que habían trabajo en minas o localidades mineras habían tenido malaria" en el contexto de un sistema de salud colapsado por la "emergencia humanitaria" en Venezuela, por lo que no todos habían podido recibir tratamiento. Algunos han contado que tuvieron que pagar hasta dos gramos de oro --unos US$100-- para comprar los medicamentos contra la malaria.
A ello se suman las "severas condiciones laborales en las minas", tales como turnos de doce horas sin equipos de protección y la presencia de niños, algunos de tan solo 12 años. HRW ha documentado el caso de un adolescente de 17 años que sufrió lesiones en la espalda por el retroceso de una manguera de alta presión que usó sin las debidas protecciones.
Lucrativo negocio. De acuerdo con organizaciones locales e internacionales, cuya apreciación coincide con los testimonios recabados por HRW, "gran parte del oro extraído en Venezuela sería ilegal" y "una gran cantidad de oro sale de Venezuela mediante contrabando y, presuntamente, llegaría a países como Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Suiza".
"Las personas entrevistadas también señalaron que las autoridades venezolanas tienen conocimiento de las actividades de minería ilegal", ha afirmado HRW. Diez personas han declarado que llegaron a ver a miembros de las fuerzas de seguridad yendo a las minas ilegales para cobrar sobornos, incluso algunos aseguran que vieron a "un mismo alto funcionario del Gobierno de Nicolás Maduro".
Por todo ello, "es crucial que las refinerías y quienes compran oro se aseguren de que el oro venezolano que forma parte de sus cadenas de suministro no esté manchado con la sangre de víctimas venezolanas", ha reclamado el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.
