Colombia, con más de 400 homicidios desde 2016, registra el mayor número de defensores de derechos humanos y líderes sociales asesinados en América Latina y uno de los peores récord de todo el mundo en esta materia, según Naciones Unidas.
Bogotá. Colombia debe implementar una política integral de protección a la población que incluya el desmantelamiento de los grupos armados ilegales, la garantía de someter a los criminales a la ley y programas de desarrollo social para detener los asesinatos de líderes sociales, dijo el miércoles Human Rights Watch (HRW).
Colombia, con más de 400 homicidios desde 2016, registra el mayor número de defensores de derechos humanos y líderes sociales asesinados en América Latina y uno de los peores récord de todo el mundo en esta materia, según Naciones Unidas.
El informe de HRW "Líderes desprotegidos y comunidades indefensas: Asesinatos de defensores de derechos humanos en zonas remotas de Colombia", documenta casos ocurridos en los últimos cinco años, así como las graves deficiencias en los esfuerzos gubernamentales para prevenir estos abusos, proteger a los defensores y juzgar a los responsables de los crímenes.
La violencia contra los líderes sociales, políticos, comunitarios y defensores de derechos humanos se convirtió en uno de los principales problemas para el Gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque, blanco de frecuentes críticas de la comunidad internacional y de organizaciones no gubernamentales que le exigen acciones para frenar las muertes.
"Los asesinatos de defensores no se van a solucionar solo con escoltas y carros", dijo a Reuters el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, refiriéndose a los esquemas de protección individual que suele ofrecer el Gobierno a los líderes sociales.
"Aquí hace falta una respuesta integral del Estado para proteger a la población, desmantelar a los grupos armados, garantizar justicia y fomentar el desarrollo local. Hasta ahora esa respuesta no ha llegado", agregó.
Mecanismos sin implementar. Vivanco aseguró que Colombia tiene un gran número de políticas, mecanismos y leyes para prevenir abusos contra los defensores de derechos humanos y otras personas en riesgo, aunque en la práctica el Gobierno no los ha implementado y ha reaccionado de forma lenta y deficiente.
Los asesinatos de defensores de derechos humanos aumentaron desde la desmovilización de la guerrilla de las FARC como parte de un acuerdo de paz de 2016.
Otros grupos armados, incluyendo disidencias de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y bandas criminales llenaron ese vacío y se disputan el control de los territorios, desarrollan actividades de narcotráfico, minería ilegal y cometen ataques contra civiles, según HRW y fuentes de seguridad.
Pese a los frecuentes envíos de tropas de las Fuerzas Militares a regiones pobres azotadas por la violencia, la incapacidad de las autoridades para ejercer un control efectivo y establecer una presencia estatal civil significativa en muchas zonas antes ocupadas por las FARC ha permitido esta situación, de acuerdo con el grupo de derechos humanos.
"El Gobierno ha desplegado militares en muchas zonas del país, pero no ha logrado fortalecer el sistema de justicia, mejorar la protección de la población ni asegurar un acceso adecuado a oportunidades económicas y educativas y a servicios públicos", explicó Vivanco.
Un obstáculo clave es el número limitado de jueces, fiscales e investigadores en las áreas donde ocurren la mayoría de los asesinatos, según el informe de HRW.
Colombia lanzó hace una semana un plan para reducir los asesinatos de líderes sociales, con un incremento de las operaciones de las Fuerzas Armadas contra los grupos ilegales responsables de los crímenes y el envío de más jueces a las zonas selváticas y montañosas donde tienen presencia.
