En un comunicado, HRW se refirió a la comparecencia ante el Senado de Edgar Matobato, un asesino confeso y ex miembro de un supuesto grupo que operaba bajo las órdenes de Rodrigo Duterte.

La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch solicitó este viernes que la ONU investigue los supuestos asesinatos de narcotraficantes y rivales políticos cometidos en Filipinas, según un exsicario, por orden del presidente filipino, Rodrigo Duterte. En un comunicado, HRW se refirió a la comparecencia ayer ante el Senado de Edgar Matobato, un asesino confeso y exmiembro de un supuesto grupo que operaba bajo las órdenes de Duterte cuando dirigía la alcaldía de Davao, en el sur del país.

"El detallado testimonio del miembro de un 'escuadrón de la muerte' sobre que el entonces alcalde Duterte estaba implicado personalmente en asesinatos y que ordenó otros son alegaciones muy serias que requieren una investigación independiente", dijo Brad Adams, director de HRW en Asia.

Acusaciones sobre acusaciones. "No se puede esperar que el presidente Duterte lo investigue él mismo, por lo que es crucial que se llame a las Naciones Unidas para liderar el esfuerzo. De otra manera, los filipinos nunca sabrán si el presidente fue responsable directamente de las ejecuciones extrajudiciales", agregó Adams. Matobato afirmó haber participado en unos 50 asesinatos como miembro de los llamados "escuadrones de la muerte de Davao" y añadió que Duterte también les ordenó que secuestraran y mataran a algunos de sus rivales y enemigos.

Las declaraciones del testigo en el Senado concuerdan con las acusaciones vertidas por organizaciones internacionales como HRW hace años sobre el periodo de Duterte al frente de Davao. Desde que fue elegido presidente de Filipinas en las elecciones del 9 de mayo, Duterte también ha llamado en varias ocasiones a ciudadanos y policías a matar a traficantes y consumidores de drogas como parte de su campaña contra los estupefacientes.

Casi 3.500 supuestos narcotraficantes y drogadictos han muerto desde que empezó a gobernar, cerca de 1.500 en operaciones policiales y el resto a manos de grupos de "vigilantes", según las últimas cifras publicadas por la Policía.