Un informe elaborado por HRW y los centros de Salud y Derechos Humanos de la Universidad Johns Hopkins, detalla que hallaron "condiciones insalubres y de hacinamiento" en los centros donde se "obliga a los retornados a cumplir cuarentena, con escaso acceso a alimentos, agua o atención médica".

Las condiciones de hacinamiento y falta de higiene a las que "las autoridades venezolanas someten" a las cerca de 130.000 personas migrantes que han retornado al país provoca el incremento de la transmisión de la COVID-19, denunció este martes la organización Human Rights Watch (HRW).

Así se desprende de un informe elaborado por HRW y los centros de Salud y Derechos Humanos de la Universidad Johns Hopkins, en el que instan a los ministros de Relaciones Exteriores de los países latinoamericanos a que aborden con urgencia la situación de las personas retornadas en el próximo encuentro del Proceso de Quito.

En su informe, ambas instituciones detallan que hallaron "condiciones insalubres y de hacinamiento" en los centros donde se "obliga a los retornados a cumplir cuarentena, con escaso acceso a alimentos, agua o atención médica".

A muchas de las personas retornadas "se les ha exigido permanecer en centros de cuarentena" durante más tiempo que los 14 días recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que -según el informe- se debe a demoras en las pruebas de diagnóstico de COVID-19 y, cuando han protestado, han sido amenazadas.

Aunque las condiciones en los centros "varían considerablemente", según los datos recabados por HRW entre junio y septiembre, la mayoría de las personas retornadas que entrevistaron les indicaron "que la capacidad de estos centros estaba seriamente desbordada y había múltiples personas en cada habitación".

Muchos de los encuestados también reportaron condiciones insalubres, como falta de agua y electricidad para hacer funcionar las bombas de agua, y de artículos básicos de higiene, como jabón. Afirmaron que tuvieron serias dificultades para acceder a atención médica y alimentos, incluso agua potable y productos para las niñas y niños pequeños.

Asimismo, aseguraron que "no se aplica ningún estándar común a todos los centros", conocidos como Puntos de Atención Social Integral (PASI) y que son administrados por funcionarios públicos o fuerzas de seguridad, incluyendo la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada).

Por ello, las condiciones, al igual que el acceso para los trabajadores humanitarios, "varía considerablemente dependiendo de quién esté a cargo".

El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, explicó que "los retornados venezolanos están expuestos a un riesgo mayor de COVID-19 en ambos lados de la frontera" y afirmó que "el Proceso de Quito es una oportunidad para que los Gobiernos brinden apoyo y mejoren el modo en que ellos mismos tratan" a los compatriotas que vuelven al país.

Del Proceso de Quito forman parte doce países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guayana, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, que buscan dar respuesta a la crisis migratoria de Venezuela.

Finalmente, denuncian que el 8 de junio, el Gobierno de Nicolás Maduro limitó el ingreso diario por cruces fronterizos oficiales a 100 o 300 personas, dependiendo del lugar, y en algunos cruces sólo permite el ingreso tres días en semana. "Desde entonces, las multitudes que esperan para ingresar se han aglomerado en albergues improvisados al lado de carreteras, con escaso distanciamiento social", concluyen.