En su informe anual, la ONG alerta sobre el control ejercido por el gobierno venezolano sobre el poder judicial; en Ecuador cuestiona la forma en que se juzga a personas que han participado en manifestaciones; y en Chile denuncia la utilización de la fuerza policial contra los mapuches, entre otras materias.
Violaciones a la libertad de expresión, abusos policiales y falencias a la hora de revisar situaciones del pasado, son algunas materias denunciadas por el informe anual de Human Rights Watch (HRW) sobre la situación de algunos países de Sudamérica.
En Venezuela, la ONG alerta sobre el control ejercido por el gobierno sobre el poder judicial; en Ecuador cuestiona la forma en que se juzga a personas que han participado en manifestaciones; y en Chile denuncia la utilización de la fuerza policial contra los mapuches.
Caso de Venezuela. En su informe anual sobre DD.HH., Human Rights Watch, alerta sobre “el control ejercido por el gobierno venezolano sobre el poder judicial y el consiguiente debilitamiento del sistema de frenos y contrapesos democráticos han contribuido a generar una situación de derechos humanos precaria”.
Añade que “sin un control judicial de sus acciones, el gobierno del presidente Hugo Chávez ha socavado sistemáticamente la libertad de expresión de los periodistas, la libertad sindical de los trabajadores y la capacidad de las organizaciones y defensores de derechos humanos de promover derechos básicos. También ha perseguido a opositores políticos”.
Otro punto advertido por la entidad, señala que “los abusos policiales y la impunidad representan un grave problema”.
Asimismo, el documento denuncia que “el gobierno de Chávez ha intentado activamente desacreditar a organizaciones de derechos humanos locales e internacionales. Diversos funcionarios, el presidente entre ellos, han formulado reiteradamente acusaciones infundadas que vinculan a defensores de derechos humanos con intentos por desestabilizar el país”.
La entidad también manifiesta preocupación debido a que la administración chavista “ha iniciado juicios penales contra varias personas reconocidas por sus críticas al gobierno. La falta de independencia de los tribunales contribuyó a reducir la posibilidad de que las partes recibieran un juicio imparcial”.
Situación de Ecuador. Al analizar la situación de Ecuador, el organismo de DD.HH. denuncia que “al menos una decena de personas que participaron en protestas y manifestaciones fueron juzgadas o investigadas durante 2010 por terrorismo, una acusación desmedida que se debió a la existencia de disposiciones definidas vagamente en el Código Penal. Los policías responsables de abusos cometidos durante años anteriores no han rendido cuentas por sus actos”.
Además, el informe señala que “en los casos de abusos policiales, que incluyen ejecuciones extrajudiciales, la impunidad ha sido la regla. Los responsables de los asesinatos que la policía atribuye a "ajustes de cuentas" entre pandillas delictivas pocas veces responden ante la justicia”.
HRW hace un análisis del proyecto de Ley de Comunicación. Al respecto, destaca que “contiene algunos aspectos positivos que fortalecerían la libertad de expresión”. Por ejemplo, releva que “prohíbe en forma expresa los monopolios y oligopolios en la propiedad de los medios, lo cual podría contribuir a ampliar el alcance y la diversidad del debate público. También amplía el acceso de personas con discapacidad auditiva, ya que fomenta el uso de subtítulos y el lenguaje de señas”.
Sin embargo, la ONG alerta que la iniciativa “contiene varias disposiciones que podrían socavar la libertad de expresión. Incluye restricciones expresadas en términos vagos que podrían propiciar la autocensura, lo cual la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe expresamente”.
El análisis sobre los países andinos. La organización denuncia que en Bolivia “la impunidad por las violaciones de derechos humanos aún representa un problema serio en Bolivia” y considera que “la decisión de los tribunales militares de Bolivia de ejercer su jurisdicción en casos de violaciones de derechos humanos ha sido un obstáculo importante desde hace varios años”.
Sobre la libertad de expresión, el informe indica que “en Bolivia existe un dinámico debate público, con un amplio espectro de medios de comunicación tanto de línea crítica como oficialista. Sin embargo, en un entorno político que continúa estando polarizado, el Presidente Morales en ocasiones critica violentamente a la prensa y acusa a periodistas de distorsionar los hechos y de intentar desacreditarlo”.
En cuanto a lo sucedido en Perú durante el año pasado, la entidad sostiene que “las iniciativas del poder judicial para procesar a policías y militares por abusos cometidos durante el conflicto armado interno de Perú tuvieron resultados poco alentadores”.
Añade que éstas “en lugar de recibir el apoyo de funcionarios del gobierno, el proceso ha sido objeto de críticas frecuentes por parte de estos, y en 2010 el presidente Alan García firmó un decreto que equivalía a una amnistía indiscriminada, ya que habría permitido la impunidad de la mayoría de los crímenes. Luego de protestas nacionales e internacionales, la medida fue finalmente suspendida. Sin embargo, la negativa del Ejército a brindar información continúa obstruyendo las investigaciones judiciales, y la mayoría de los responsables han logrado evadir la justicia”.
Asimismo, el informe expresa que “la tortura continua siendo un problema”.
Respecto a la situación chilena, nuevamente Human Rights Watch denuncia que “los policías acusados de violaciones de derechos humanos continúan siendo investigados y juzgados ante tribunales militares que no cumplen con estándares internacionales sobre independencia e imparcialidad. La ley antiterrorista se ha aplicado en forma indebida a delitos comunes cometidos por manifestantes indígenas”.
Sobre el conflicto en la Araucanía con el pueblo mapuche, la ONG afirma que “hubo varios incidentes de uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros durante operativos en comunidades indígenas mapuches”.
Explica que “desde 2002, policías han sido responsables de la muerte de al menos tres mapuches” y puntualiza que “estos casos son investigados por tribunales militares que no cumplen los estándares internacionales sobre independencia e imparcialidad, y los implicados han sido absueltos o han recibido penas excesivamente leves”.
También la entidad llama la atención sobre que “Chile aún no ha adoptado medidas efectivas para subsanar la grave sobrepoblación en las cárceles del país y aliviar las condiciones que un funcionario judicial de alto nivel calificó como "inhumanas”.
Otro punto alertado por HRW es que “Chile es uno de los pocos países del mundo que prohíbe el aborto en todas las circunstancias, incluso en caso de violación o incesto, o cuando es necesario para preservar la vida o la salud de la madre embarazada”.
El informe completo de Human Rights Watch puede revisarlo aquí.
