La ONG señaló que el proyecto es problemático y que la Asamblea debería modificar algunas de sus disposiciones “a fin de asegurar que este cumpla con las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por Ecuador”.
Cuatro de las diecisiete propuestas de enmienda a la Constitución presentadas por los asambleístas oficialistas ante la Corte Constitucional (CC) preocupan a la organización Human Rights Watch (HRW), con sede en Washington.
La Corte Constitucional inició el trámite del pedido el jueves pasado con el sorteo en la Sala de Admisión; está conformada por los jueces Ruth Seni, Antonio Gagliardo y Alfredo Ruiz.
La ONG señaló que el proyecto es problemático y que la Asamblea debería modificar algunas de sus disposiciones “a fin de asegurar que este cumpla con las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por Ecuador”.
“Las reformas propuestas facilitarían que el gobierno aplique restricciones arbitrarias a medios de comunicación y utilice habitualmente a militares en operativos de seguridad pública, y al mismo tiempo dificultarían que los ciudadanos puedan presentar denuncias judiciales en casos de abusos. Esta alarmante combinación privaría a víctimas de abusos cometidos por autoridades del acceso a un recurso efectivo”, cuestionó en un comunicado José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
El activista indicó que la ONG “no toma una posición con respecto a cuántos mandatos presidenciales son convenientes”. “Sin embargo, Ecuador debe asegurar que el presidente en ejercicio no se beneficie injustamente de las normas vigentes y que los ecuatorianos puedan obtener información adecuada sobre todos los candidatos antes de las elecciones”.
Ximena Ponce, asambleísta de AP, defendió el proyecto de enmiendas y aseguró que no afectarán derechos humanos.
“No es un tema constitucional, de derechos, sino una postura política la que tienen estas organizaciones”, expresó.
Paulina Mogrovejo, vocal del Consejo de Regulación de la Información, dijo que el Estado debe generar condiciones para que la gente acceda a la comunicación e información.
“No es suficiente que el Estado se abstenga de censurar la libre expresión, sino que debe garantizar estos derechos a través de los servicios y políticas públicas”, opinó en un correo.
Andrea Rivera, vocal del Consejo de Participación Ciudadana, rechazó la enmienda que impediría a los gobiernos locales hacer consultas populares sobre cualquier asunto y pidió un “pronunciamiento del Consejo frente a la pretendida limitación de derechos”.
