De concretarse, sería el primer resultado de un insólito diálogo sobre los problemas de Cuba entablado la semana pasada entre el presidente Raúl Castro y los líderes católicos.

La Habana. Cuba comenzaría esta semana a trasladar presos políticos a cárceles más cerca de sus familiares y hospitalizar a los más enfermos, pequeños pasos que aliviarían las críticas internacionales sobre derechos humanos y podrían ser preámbulo de liberaciones.

De concretarse, sería el primer resultado de un insólito diálogo sobre los problemas de Cuba entablado la semana pasada entre el presidente Raúl Castro y los líderes de la Iglesia Católica. "Está la confianza de que eso va a ocurrir en los próximos días de una manera gradual", dijo a Reuters el portavoz de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, José Félix Pérez.

El régimen cubano aún no ha dicho una palabra. Pero el encuentro de más de cuatro horas sostenido la semana pasada por Raúl Castro y el cardenal Jaime Ortega para hablar sobre los presos políticos fue cubierto por la prensa oficial.

El traslado de unos 17 disidentes confinados lejos de sus familias podría aliviar la presión internacional sobre Cuba, criticada tras la muerte en enero del preso político en huelga de hambre Orlando Zapata y el acoso al grupo Damas de Blanco.

Si además fuera acompañado por excarcelaciones de algunos presos enfermos, podría llevar al disidente Guillermo Fariñas a deponer su huelga de hambre de 90 días, desactivando otro foco de tensión como la comunidad internacional.

No está claro qué ha llevado a Raúl Castro a considerar la excarcelación de algunos de los disidentes a los que su gobierno considera "mercenarios" a sueldo de Estados Unidos. Hace apenas unas semanas, el presidente dijo que no cedería a los chantajes de sus enemigos.

Un diplomático occidental en La Habana dijo que la nueva aproximación podría obedecer al "efecto negativo" que la muerte de Zapata y el acoso a las Damas de Blanco tuvo sobre la opinión pública internacional, en particular la izquierda.

Cuentagotas. Laura Pollán, líder del grupo de familiares de presos Damas de Blanco cuyo marido cumple una condena de 20 años en una cárcel de la provincia de Matanzas, 100 kilómetros al este de La Habana, dijo que no espera cambios radicales.

"Nosotros quisiéramos que hoy mismo liberaran a todos los presos políticos de forma incondicional. Pero conocemos a este gobierno, que ha ido soltando en cuentagotas, de forma muy lenta", dijo.

Otros opositores son aún más escépticos. Elizardo Sánchez, de la Comisión Cubana de Derechos Humanos, describió los traslados como "migajas".

Las autoridades cubanas excarcelaron en el pasado a algunos presos políticos por razones de salud. Según la Comisión, la cifra ha caído por debajo de los 190.

"No es un cambio significativo en la situación de los derechos humanos en Cuba. El gobierno mantiene la misma situación de parálisis ante las necesarias reformas en el sistema de leyes. El ejercicio de los derechos humanos, civiles, políticos y económicos sigue siendo criminalizado", dijo Sánchez.

Momento histórico. Los observadores intentan evaluar la profundidad y velocidad de los pasos que el gobierno de Raúl Castro se dispone a dar en cuestión de derechos humanos.

"Nunca había visto tantas señales positivas (...) Me parece que, retrospectivamente, esto se verá como un momento histórico", dijo el diplomático occidental.

Los acontecimientos de los últimos días en Cuba son también seguidos de cerca en Estados Unidos.

Aunque el gobierno del presidente Barack Obama no se ha pronunciado, sí lo han hecho los grupos que defienden la normalización de las relaciones.

"Si el acuerdo es implementado podría ser un momento transformador para Cuba y para nuestras relaciones con la isla", dijo el Center for Democracy in the Americas.

"Hablar a los cubanos, en lugar de usar sanciones o exigir concesiones de ellos, es la manera más efectiva de lograr progresos", añadió.

La liberación de los presos políticos es una demanda de Estados Unidos para normalizar las relaciones y considerar el levantamiento del embargo con el que llevan casi medio siglo intentando asfixiar económicamente a Cuba.

Los analistas creen que al escoger a la Iglesia Católica como interlocutor, el gobierno cubano evita que sus medidas sobre los presos sean interpretadas como una concesión a sus enemigos.