La Conferencia Episcopal espera respuesta de parte del Ejecutivo encabezado por Daniel Ortega a la idea de volver a la mesa de negociaciones para poner fin a una crisis que ya cumple cuatro meses.

Managua. La Iglesia católica de Nicaragua informó este domingo que está intentando acercar posiciones con el Gobierno de Daniel Ortega para retomar el diálogo nacional suspendido desde junio, en un nuevo esfuerzo por buscar una salida a la grave crisis sociopolítica que vive el país centroamericano, y que en las últimas jornadas dejó otros dos muertos en enfrentamientos entre los llamados "autoconvocados” y fuerzas de seguridad y parapolicías.

"Estamos buscando algunas citas con el señor canciller (Denis Moncada) que representa a la comisión del Gobierno (...) ojalá tengamos una respuesta positiva para instalarlo (el diálogo)", dijo el arzobispo de Managua, Leopoldo Branes, a través del Canal Católico de Nicaragua, tras una misa en la catedral de la capital.

"Estamos haciendo todas las gestiones posibles para que (el diálogo) sea lo más pronto posible", indicó el religioso.

Sobre el rechazo del Gobierno al ingreso de un grupo de trabajo de la Organización de Estados Americanos (OEA), Brenes dijo que aunque "cada Gobierno tiene su política y es libre de aceptar" una visita, siempre es "bienvenida" la presencia de instituciones que tengan "la intención de ayudar a salir (a Nicaragua) de esta crisis que estamos viviendo".

Libertad a los presos políticos. Por otro lado, el prelado lamentó la muerte a balazos de otros dos ciudadanos durante este fin de semana, cuando la oposición inició una nueva jornada de protestas contra el presidente Ortega, en la que exigen la "liberación de todos los presos políticos".

"Que ni un nicaragüense más sea asesinado", exclamó el religioso, quien además abogó por los manifestantes opositores "que están todavía en las cárceles" del país. "Ojalá pronto puedan lograr la libertad estas personas", abogó.

La crisis en Nicaragua, la peor que atraviesa el país desde la década de 1980, comenzó el 18 de abril en contra de unas fallidas reformas de la seguridad social y ha dejado hasta ahora casi 450 muertos y más de 2.800 heridos, la mayoría manifestantes opositores, según diversas ONG de derechos humanos, aunque el Gobierno solo reconoce 197 fallecidos.