Los acontecimientos de Iguala tienen distintos ecos en la Eurocámara: ampliar o suspender la ampliación del acuerdo global con México. El Estado de derecho y los DD.HH. son el fiel de la balanza.

Las protestas por las desapariciones, muertes y hallazgos de fosas comunes en la mexicana Iguala encuentran eco en el Parlamento Europeo. “A quien no le preocupasen los últimos acontecimientos en México no tendría alma, ni corazón, ni sentimientos”, dijo en Bruselas Teresa Jiménez Becerril, flamante presidenta de la delegación para las relaciones entre la UE y México.

La eurodiputada española, de la bancada conservadora, condena firmemente los hechos, exige su esclarecimiento y se solidariza con las víctimas y sus familiares.

“Hoy más que nunca es necesario que impulsemos nuestro relación con México, es un clima de confianza mutua, de responsabilidad y de respeto a los derechos humanos”, dijo Jiménez Becerril recordando que México, socio estratégico de la UE, fue el primer país latinoamericano en sellar un acuerdo con bloque europeo. Y que este acuerdo está a punto de ser revisado, ampliado y modernizado.

Medida de presión. Es precisamente en la modernización del Acuerdo Global donde Ska Keller, junto con otros eurodiputados de la bancada ecologista, detectan un punto de intersección entre el esclarecimiento de los hechos, las autoridades mexicanas y la UE. “Creo que tenemos que verificar si estamos sellando un pacto con un Estado de derecho”, dijo a DW.

En repetidas ocasiones, la política alemana ha visitado México, principalmente debido al no esclarecido caso del asesinato, hace más de cuatro años, del finlandés Yiri Yakkola.

“En mi opinión, la situación de los derechos humanos dista mucho de ser buena. Hay gente que desaparece, que es asesinada. Y el 99% de los casos no se esclarece; el punto principal es la impunidad. Los perpetradores andan sueltos por la calle”, cuenta Keller.

Junto con otras eurodiputadas, ha escuchado en repetidas ocasiones las promesas de las autoridades mexicanas de esclarecer, por ejemplo, el asesinato del joven voluntario europeo que formaba parte de una caravana humanitaria.

Ahora, el caso de los estudiantes desaparecidos a manos de la Policía, las fosas comunes y las denuncias desde la sociedad civil de la relación entre fuerza pública y crimen organizado.

Comercio y derechos humanos. Aunque hace varios años que sigue el asunto de la violencia en México, para Keller “sería terrible si lo entendiéramos como normal. Además, no somos totalmente inocentes de lo que sucede allá: no en vano hay exportaciones de armas de Europa a México”.

Por eso, los diputados firmantes de la carta a las representantes de la diplomacia europea y al presidente de México, pedían suspender la negociación de la modernización del acuerdo hasta tener un poco más claro el panorama de las responsabilidades en esta situación de violencia.

“Queremos que haya una respuesta; queremos una presión política desde Europa para que esclarezca todo lo sucedido”, dijo a DW Ernest Urtasun, eurodiputado español.

¿Papel de la UE? “En los acuerdos que la UE tiene con México hay cláusulas sobre derechos humanos. Y deben desarrollarse, estoy totalmente en contra de lo acuerdos de la UE si no están basados en los derechos humanos”, afirmó Urtasun. Gravísimo le parece que la UE no haya condenado, hasta el momento, y de manera oficial, los hechos de Iguala.

"Imagino que el gobierno de México y las personas más interesadas en condenar esto sean los propios mexicanos. Nosotros sólo les podemos dar nuestro apoyo y de parte nuestra van a tener siempre toda nuestra colaboración para ahondar en la defensa de las víctimas”, respondió a DW, por su parte, Jiménez Becerril.

¿Suspender la ampliación del acuerdo? "No, al revés. hay que impulsarlo para que dentro de ese espíritu de confianza –en el diálogo político, económico y comercial- dar nuestro apoyo a los derechos humanos y a la sociedad civil. Para condenar las cosas que uno vea mal, sin perjudicar a los mexicanos”, dijo la presidenta de la delegación UE-México. En todo caso y subrayando su solidaridad con las víctimas, “las autoridades tienen que investigar hasta las últimas consecuencias”, exige Becerril.